Barclays ha registrado unas pérdidas brutas de 270 millones de euros entre enero y marzo de 2018 tras pagar una multa a EE UU de 1.601 millones de euros por las prácticas fraudulentas durante la burbuja inmobiliaria.
El grupo bancario acordó con el Gobierno de ese país pagar esa cantidad para cerrar una investigación por sus prácticas fraudulentas en el sector inmobiliario entre 2005 y 2007. En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Londres, Barclays informó de que, sin contar con los costes de la sanción impuesta por EE.UU., su beneficio antes de impuestos en los tres primeros meses de 2018 hubiera sido de 1.945 millones de euros, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior, 1.984 millones.
Los ingresos totales fueron en el primer trimestre de 6.065 millones de euros, un descenso del 8% respecto a enero-marzo del año pasado, cuando ingresó 6.871 millones de euros.
Se refiere a las prácticas fraudulentas como una «cuestión de hace una década»
El consejero delegado de la entidad, Jes Staley, apuntó a que, si bien, la sanción impuesta por EE UU supuso una «cantidad sustancial», marca un hito en la compañía, dejando atrás «una cuestión de hace una década».
La institución fue acusada de «fraude» por haber vendido entre 2005 y 2007 créditos inmobiliarios -llamados «RMBS»- a inversionistas, que sufrieron multimillonarias pérdidas cuando estos productos financieros perdieron todo su valor.
Con todo, Staley aseguró que este ha sido un trimestre «importante» para Barclays, en el que ha demostrado que con su «nuevo modelo operativo, diversificado y rentable» las empresas son capaces de «producir mejores rendimientos para los accionistas«.
Por otro lado, la entidad no proporcionó más detalles acerca de la cual será la cuantía de la multa que la pasada semana la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA) y la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) impusieron a Staley por falta de «diligencia».
Ambos organismos financieros abrieron una investigación hace un año al consejero delegado por tratar de identificar a un denunciante anónimo, que en 2016 hizo llegar una carta a la junta directiva en la que acusaba a un alto empleado del banco de conducta inapropiada.