El ex presidente de Abengoa e imputado por administración desleal, Felipe Benjumea, ha afirmado ante el juez que el Santander forzó su cese de la compañía, provocó el desplome en Bolsa y cortó las líneas de liquidez y seguros para acometer la ampliación de capital.
A su juicio, la ampliación de capital hubiera asegurado la viabilidad de la compañía y evitar el concurso de acreedores. Benjumea, acusado de administración desleal y para el que el fiscal solicita cinco años de prisión, ha achacado al director general de Santander España, Rodrigo Echenique, toda la responsabilidad por la entrada en concurso de la empresa, en noviembre de 2015, al forzar su cese en septiembre de ese año.
El relato de Benjumea se ha remontado al verano de 2015, cuando la sociedad decidió acometer una ampliación de capital para la que contaba con suficiente liquidez y con las garantías de contratos de aseguramiento necesarios.
En el Consejo de Administración del 13 de septiembre se aprueba «todo lo necesario» para garantizar el contrato de aseguramiento de la ampliación de capital, así como cuestiones de gobierno corporativo relativas entre otras, al número de consejeros independientes, todo ello con el acuerdo de los bancos. Pero un día después, el presiente de Santander España, Rodrigo Echenique, le hace saber que «debe irse«, y que el banco no va a participar en la operación si Benjumea permanece como presidente.
La banca decide no acudir a la ampliación de capital
Acto seguido, Benjumea presentó su dimisión, no sin antes atar una sustancial indemnización y una serie de privilegios, por los que también está imputado. Tras su salida, Abengoa se desplomaba en Bolsa debido, a su juicio, a que algunos de los bancos que se habían comprometido a respaldar la ampliación de capital dan un paso atrás, al haber cambiado de forma tan drástica las condiciones previas. Todo ello, ha relatado, es lo que abocó a Abengoa a solicitar su entrada en concurso de acreedores en noviembre, la misma empresa que pocos meses ante gozaba de una sólida posición y del respaldo de entidades financieras como HSBC o Crédit Agricole, además del Santander.
Santander, ha relatado, había aprobado a finales de junio todas las operaciones de riesgo con Abengoa, y ese mismo mes el banco concedió a la empresa líneas de crédito por 270 millones de euros, por lo que el drástico «cambio de opinión de la entidad financiera nos pareció poco riguroso».
El pasado lunes comenzó en la Audiencia Nacional el juicio contra la antigua cúpula de Abengoa, entre ellos Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, por presunta administración desleal, al haber acordado pagos de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente, en concepto de indemnización por su cese anticipado. Ello, según la Fiscalía, a sabiendas de que la compañía «ya atravesaba una grave crisis».
En esta segunda sesión también ha intervenido el ex consejero delegado de la compañía Manuel Sánchez Ortega, que ha insistido en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conocía los detalles de los nuevos contratos de alta dirección suscritos en febrero de 2015, apenas dos meses antes de su marcha y por los que accedió a la indemnización de 4,5 millones objeto de pesquisas.
Asimismo, ha defendido que la contabilidad en aquella época «estaba impecable» y ha negado que Abengoa realizara ajustes en las cuentas de 2014 y 2015 pues «no sufrieron ni una sola variación».
Los hechos se remontan a septiembre de 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad de Benjumea y Sánchez Ortega, se les concedieron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, unas cantidades que la instructora considera que “no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad” en aquel momento. Benjumea dejó una gran fianza en este caso.
Sólo dos meses después, el 25 de noviembre, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores, lo que motivó la interposición de acciones legales por parte de los bonistas de la compañía.
Los tres miembros de la comisión, Gracia, Velarde y Fornieles, hacen frente a una petición de tres años y medio de prisión; además, el fiscal del caso, José Perals, reclama que se inhabilite a todos para el ejercicio de cargo en un consejo de administración durante los próximos diez años.
Abengoa, recién salida de una durísima reestructuración, fue en su día una de las grandes puertas giratorias de políticos de PP y PSOE. Por sus puestos en el consejo de Administración han pasado el hermano del ex ministro de Industria, Miguel Sebastián; Ricardo Martínez Rico, uno de los socios de Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, e investigado ahora por el juez tras una querella de Anticorrupción.