«La conocida Ley de Segunda Oportunidad tiene deficiencias importantes, pero es mejor de lo que teníamos antes». Así lo considera uno de los impulsores desde España de las enmiendas a la directiva europea y las propuestas y deficiencias de la ley española, una ley que tiene un gran margen de mejora.
La Ley de Segunda Oportunidad da solución a algunas personas físicas y a emprendedores, empresarios que habrían apostado una gran parte de su patrimonio, pero que sus productos o servicios no han tenido la demanda esperada, pero también porque un tercio de las empresas abocadas al concurso de acreedores ha sido como consecuencia de no cobrar a tiempo por las grandes empresas. La ley se aplica en todos los casos lo único es que las deudas públicas no se exoneran.
Según explica José María Torres, presidente ejecutivo de Numintec y presidente de la comisión de la Segunda Oportunidad de Pimec, en una entrevista a Intereconomía.com esta la ley solo se aplica en todos los casos, pero no permite exonerar las deudas públicas, pese a que existen ya sentencias judiciales que se saltan la norma.
La ley permitiría comenzar de cero si se está al corriente de los respectivos pagos públicos, mientras que sí permite realizar un aplazamiento de las deudas privadas. La Administración es la principal barrera para estos emprendedores.
Este tercio de empresas que ha tenido que acogerse al concurso de acreedores han financiado gratis a numerosas grandes empresas, que cobran en muchos casos a 27 días de la Administración pública, al tiempo que pagan a 500 días, cuando deberían pagar a 60 días máximo. No obstante, no existe un procedimiento sancionador para estas empresas que pagan más tarde de lo estipulado, por lo que siguen financiándose gratis de las pequeñas y medianas empresas. «La morosidad es la causa de que muchas empresas cierren», ha considerado Torres.
Las grandes empresas cobran a 27 días de la Administración, pero pagan a 500 días, llevando a pymes al concurso
«Las grandes empresas se están financiando gratis de las pequeñas«, advierte el también ex campeón mundial de Kárate, al tiempo que avisa: «Están incumpliendo la ley de morosidad». Y es que, ningún Gobierno ha regulado las sanciones a grandes empresas por no pagar a 30 días a sus proveedores ni colaboradores. «No existe sanción alguna», ha indicado.
Ante este escenario, ha considerado que una de las soluciones para evitar que un emprendedor entre en los requisitos de la ley de Segunda Oportunidad es multar a las grandes empresas que incumplan la ley de morosidad. Es decir, una labor de prevención, a la que se sumaría otra gran propuesta.
Los empresarios tendrían así una segunda oportunidad efectiva, sin ser carga para las arcas públicas, y por tanto vivir a costa del contribuyente. «Se trata de levantar a un empresario cuyo negocio ha fallado«, ha considerado Torras, que pone de manifiesto el ejemplo de EE UU, cuya ley de segunda oportunidad data de 1898, más de un siglo anterior a la española.
Una muestra de la realidad de esta ley es el premiado cortometraje ‘El corredor’, donde se muestra cómo es posible salir adelante con asesoramiento y capitalizando el paro.
La comparación con EE UU es más sangrante aún, donde los empresarios no dudan en anotar sus fracasos en el Currículo Vitae, algo impensable en España. No son pocos los grandes empresarios que tienen en su haber negocios fallidos.
Si Bill Gates hubiera nacido en España no existiría Microsoft. El hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 86.000 millones de dólares, no hubiera podido levantarse de sus fracasos en España.
Antes de crear Microsoft, Gates emprendió junto con Paul Allen el programa Traf-O-Data, que serviría para leer automáticamente los datos de contadores de tráfico y crear informes que servirían de apoyo a los ingenieros. No obstante, nadie les contrató, perdiendo todo el dinero invertido. Esto sucedía en 1970, cinco años más tarde fundó Microsoft.
Otros ejemplos son el de Henry Ford y su conocido fracaso Detroit Automobile Co, en 1899, una década anterior a la fabricación del Ford T; o el de Federick Smith, fundador de Fedex, y su fracaso plan de superar al fax a través de «Zapmail», que le costó un total de 350 millones; o bien Walt Disney, que tenía una deuda de 4 millones de dólares tras perder los derechos por Oswald the Lucky Rabbit. Hubo que esperar 8 años para salir de la bancarrota con Blancanieves y los siete enanitos. Ninguno de ellos hubiera podido levantarse con la reciente ley en España.
Las leoninas condiciones de la ley de Segunda Oportunidad en España conllevan un mayor gasto para el Estado, al crear empresarios improductivos, y por tanto un mayor paro que tendrá que ser sufragado por los contribuyentes. Si hubiera una ley que efectivamente trate de levantar a los empresarios, el beneficio a España sería muy importante, creando empleo y riqueza, y reportaría a las arcas públicas los correspondientes impuestos. Sin embargo, los derroteros de esta ley van por el camino contrario. La ley española se queda muy corta, aunque es un primer paso para poder adecuarla a la realidad.
La importancia de la alerta rápida
Entre las enmiendas presentadas por esta comisión de Pimec a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo se encuentra la «alerta rápida», que en resumen trata de evitar que un empresario pueda entrar en liquidación. Es decir, una labor de prevención y detección de empresas que podrían entrar en problemas y llegar incluso al concurso de acreedores. Aquí cobra especial relevancia la actuación del asesoramiento de empresas.
En las enmiendas a la directiva europea se encuentran tres puntos fundamentales: Los Estados miembros velarán por que el deudor y los empresarios tengan acceso a las herramientas de alerta rápida que permitan detectar el deterioro de la actividad empresarial y adviertan al deudor o al empresario sobre la necesidad de actuar urgentemente; los Estados miembros garantizarán que los deudores y empresarios tengan acceso a información pertinente y actualizada, clara, concisa y de fácil comprensión sobre la disponibilidad de las herramientas de alerta rápida y cualquier otros medios disponibles para la reestructuración en una fase precoz o para obtener una condonación de las deudas personales; y los Estados miembros deberán facilitar el acceso previsto a los apartados anteriores a las micro, pequeñas y medianas empresas o empresarios.
