BMN tendrá que abonar 1,58 millones de euros por incluir cláusulas suelo abusivas en los contratos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio. El Frob es el máximo accionista de la entidad financiera, con un 66%.
El Consejo de Gobierno de la Junta andaluza es quien ha acordado la multa tras recibir 356 denuncias de consumidores particulares durante el pasado año por la introducción de cláusulas suelo abusivas en el contrato hipotecario.
El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la sanción incluye 700.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 886.000 euros.
De acuerdo con la normativa vigente, se consideran cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, reservando a este facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato. Así, imponen garantías desproporcionadas al riesgo asumido y, entre otros aspectos, establecen la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del préstamo.
Esta práctica conlleva una sanción de 350.000 euros y, de igual importe, es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio y, concretamente, sobre las ‘cláusulas suelo’.
Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (fundamentalmente euríbor) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, el consumidor seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor.
Para la fijación de las cuantías, el Gobierno andaluz ha tenido en cuenta como circunstancias agravantes el perjuicio causado a los consumidores, valorado en más de 50.000 euros, y la reiteración, toda vez que la entidad ya había sido sancionada en firme en los dos años anteriores por otras infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Junto con esta norma, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materia.
Según datos de la Dirección General de Consumo, la Junta de Andalucía ha recibido en lo que va de año 11.639 reclamaciones y ha atendido 27.258 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde. El sector bancario aglutina 1.195 de las primeras (un 10,27%) y 1.995 de las segundas (7,31%).
