La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha defendido hoy, durante la presentación de los resultados anuales el grupo bancario, que si la intervención del Popular no se hubiera llevado a cabo y el Santander no hubiese adquirido el grupo, habría tenido un coste para el contribuyente de 36.000 millones.
Eso son «3.000 euros por familia», ha puesto como ejemplo Botín, para defender que no sólo es una operación rentable para el accionista sino «de enorme responsabilidad para España y el sector financiero».
La JUR decidió en junio de 2017 la resolución del Banco Popular, así como la posterior venta por un ero al Banco Santander. Accionistas y bonistas perdieron toda su inversión, no así los depositantes del banco que salvaron todos sus ahorros. El caso se encentra en manos del juez Andreu de la Audiencia Nacional.
