Emilio Saracho, pese a estar poco más de cuatro meses en la presidencia de Banco Popular no se fue de vacío. Percibió cuatro millones de euros tan solo por «aceptar» el cargo, un montante que hubiera recibido incluso si los accionistas se hubiesen opuesto.
La guerra en el consejo de administración de Banco Popular se recrudeció a finales del pasado año. La cúpula de la entidad financiera estaba totalmente dividida por la continuidad de Ángel Ron, que tenía los apoyos de cerca de la mitad de los consejeros, mientras que la pinza mexicana maniobraba para echarle con el objetivo de quedarse con el poder a precios de saldo.
Asimismo, Saracho se llevó 1,5 millones de euros y pagos en forma de seguros de salud, un seguro de vida por valor de 1,5 millones y, además, 30.000 euros para «asesoramiento fiscal de su traslado de residencia a España». La entidad financiera le pagaría un bonus anual de hasta 1,5 millones adicionales y a aportar dos millones de euros, a razón de 500.000 euros anuales, durante el tiempo del contrato, un límite de cuatro años. En caso de salir antes de lo previsto de la entidad financiera, Saracho no podría trabajar para un banco durante un año, pero a cambio recibía 1,5 millones de euros.
Saracho, ex vicepresidente del banco JP Morgan, figuraba en la lista de los posibles candidatos para suceder a Ron, una lista en la que figuraba también el ex ministro Manuel Pizarro. Según las condiciones del contrato a las que ha tenido acceso El Mundo, al ex presidente se le asignó cuatro millones de euros fuera o no el candidato elegido. El consejo finalmente se decantó por Saracho en la reunión del 1 de diciembre, sin que se hubiera rubricado el contrato, es decir, el consejo dio a Saracho la sartén y el mango para negociar.
Saracho exigió una «una prima de contratación» por dejar el banco estadounidense con la reserva de dos meses para decidir si finalmente presidiría Banco Popular. El nombramiento oficial se realizó el 20 de febrero, en junta de accionistas.
Francisco Aparicio, ex secretario general, se encargó de redactar el Acuerdo de compromisos previos a la función como presidente. En este sentido, se explicó que «el banco conoce que el señor Saracho ha tenido que cesar en su anterior empleo como consecuencia de haberse hecho pública la designación como Presidente Ejecutivo del Banco y la firma del correspondiente contrato».
Por este motivo, se acordaron una serie de privilegios para Saracho, ya que en caso de que no fuera presidente por una serie de condiciones se le debía compensar. Entre ellos se estipula que el propio Saracho podía renunciar a ser presidente. Asimismo, pudo tener acceso a las cuentas del Popular antes de asumir el cargo.
También percibiría esta compensación en caso de que Banco Popular hubiera sido comprado por otra entidad. Otra de las premisas es que en caso de que el BCE dejase a Saracho sin poder ejecutivo también cobraba. Solo en caso de que el BCE decretaba que no era idóneo para administrar el Banco Popular perdía el derecho a este salario.
Estos cuatro millones están definidos como una «prima de contratación». «De forma excepcional, el Banco (Popular) se compromete a abonar al señor Saracho con ocasión de su aceptación del cargo de presidente ejecutivo y en un solo pago la cantidad de cuatro millones de euros». Saracho asumió el cargo el 20 de febrero, y el 7 de junio Santander le despedía de forma fulminante una vez comprada la entidad resuelta durante esa madrugada por la Junta Única de Resolución.