La Comisión Europea está investigando en profundidad a España por las ayudas públicas dadas a las centrales térmicas de carbón a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones. El montante asciende a 440 millones y las eléctricas seguirán hasta 2020.
Según Bruselas, la investigación apuntaría a que la ayudas no respetan la normativa de la Unión Europea (UE), al tratarse de ayudas de Estado, y se haya utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso. La mayoría de las centrales térmicas en España están en manos de Endesa e Iberdrola.
«Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE», ha asegurado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. «Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente», ha apostillado.
Para Vestager, «actualmente» España «no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente». «Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle», subrayó.
En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo un régimen o «incentivo medioambiental» para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de la sustancia de las plantas por debajo de determinados límites, precisó el Ejecutivo c
España no notificó la medida a la Comisión para su evaluación y ahora Bruselas teme que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del incentivo medioambiental simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente, aplicables entonces a las centrales de carbón.
Los requisitos legales correspondientes se establecieron en una directiva del año 2001 sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, indicó el Ejecutivo comunitario.
De confirmarse las sospechas de Bruselas, significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental.
De todas formas, la apertura de una investigación «en profundidad» no prejuzga su resultado, recordó la CE.
