Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), dependiente entre otros del Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, ha pedido unos servicios mínimos suficientes en la huelga de metro de al menos el 50% en hora punta y del 30% en el resto de horarios, para garantizar la movilidad y la seguridad en la próxima huelga de metro, del 18 al 22 de junio, ya que coincide con el Sónar.
Según ha informado hoy TMB, la empresa ha pedido a la autoridad laboral que tenga en cuenta las circunstancias especiales de las próximas convocatorias de huelga de los días 18 y 19 de junio, coincidiendo con el festival Sónar, y los días laborables 20, 21 y 22 de junio.
Para TMB, las huelgas convocadas perjudican gravemente a los usuarios del transporte público, al coincidir la huelga de metro con momentos sensibles para la movilidad, como las entradas y salidas de los horarios de trabajo y centros de estudios los días laborables 20, 21 y 22 o las madrugadas del fin de semana del 18 y 19 de junio, con el Sónar.
En estos últimos casos, si se consideran franjas valle y se aplicasen los servicios esenciales del 20%, como en las últimas huelgas, la oferta de transporte sería «claramente insuficiente» para la demanda esperada y, además, se podrían producir situaciones de riesgo para los pasajeros y los empleados, que podrían obligar a cerrar estaciones.
TMB ha expresado a la Generalitat que el principal problema es la alteración continua y permanente de la oferta y que la degradación del servicio no afecta únicamente al intervalo horario del paro convocado, sino que se prolonga bastante más, debido a la gran cantidad de trenes que se han de retirar y, posteriormente, inyectar.
Entonces, se producen intervalos de paso mucho más elevados e irregulares que, en algunos casos, supera los 45 minutos, cuando lo habitual son de unos 5 minutos, lo que, según TMB, puede tener consecuencias para la seguridad de los usuarios si no se cierran estaciones, debido a la falta de capacidad material en los trenes para absorber el pasaje.
TMB considera que, sin perjuicio del derecho de huelga, la administración está obligada a adoptar medidas que garanticen que los ciudadanos reciban una prestación esencial, como es el transporte público, con una cobertura y frecuencia suficiente y necesaria para el ejercicio de sus derechos.