La Contraloría de Colombia ha acusado a Electricaribe, la filial colombiana intervenida a Gas Natural Fenosa, de «desfalco» en las subvenciones para ayudar a los clientes con bajos recursos a pagar las facturas.
La autoridad colombiana ha pedido a la Superintendencia de Servicios Públicos para la entrega de información de la facturación de sus clientes entre 2010 y 2014. La solicitud la hizo el contralor general, Edgardo Maya, al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, porque dijo que ha solicitado información a la empresa y ésta «no ha suministrado una respuesta satisfactoria».
La Contraloría colombiana aseguró ayer que Electricaribe utilizó presuntamente 78.500 millones de pesos, unos 25,9 millones de dólares, destinados a subsidiar a unos 600.000 clientes de bajos recursos en la costa atlántica colombiana para compensar sus pérdidas en el país.
Gas Natural Fenosa, por su parte, ha negado que usara el dinero público destinado a pagar los recibos de usuarios con bajos recursos para disminuir sus pérdidas.La filial de Gas Natural suministra electricidad a 2,5 millones de clientes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre. «Ni la Contraloría ni ninguna otra autoridad pueden desconocer que la totalidad de los fondos recibidos se destinaron a sufragar la energía eléctrica consumida por los usuarios de estas zonas (de bajos recursos) y en ningún caso fueron destinados a sufragar pérdidas económicas», destacó hoy la eléctrica.
«Para la Contraloría (tribunal de cuentas) es fundamental profundizar y ampliar el análisis de la información de los usuarios» ante la sospecha de un presunto desfalco en esa empresa, que presta los servicios de electricidad en siete departamentos de la costa atlántica colombiana.
Por esa razón, la entidad quiere revisar la facturación de los clientes de Electricaribe, cuya liquidación ordenó el Gobierno colombiano el pasado 14 de marzo. Según Maya, con la información que reclama la Contraloría podrá «enfocarse en la revisión de detallada de las facturas«. La orden de liquidación de Electricaribe fue emitida cuatro meses después de que fuera intervenida y tras una fallida negociación para intentar una solución concertada a su crisis financiera.
En respuesta, Gas Natural Fenosa, accionista controlador de la empresa, anunció su intención de reclamar 1.000 millones de euros al Gobierno colombiano a través de una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.
«Gas Natural Fenosa (…) entiende que Electricaribe aplicó y sigue aplicando a la fecha el subsidio del Fondo de Energía Social (FOES) de acuerdo con la ley, y conforme a la asignación del Ministerio de Minas y Energía», agregó la casa matriz de Electricaribe. La multinacional española resaltó que incluso después de que Electricaribe fuera intervenida su nuevo administrador siguió utilizando los mismos criterios para distribuir las ayudas oficiales.
«Es revelador que sólo ahora, después de la intervención de Electricaribe y la notificación de la controversia internacional promovida por el accionista mayoritario contra el Estado colombiano, se cuestione la aplicación del FOES con acusaciones de ‘desfalco’«, señala la compañía española, que además describió las acusaciones de la Contraloría como un «intento de presión».
El Gobierno colombiano ordenó el pasado 14 de marzo la liquidación de Electricaribe, cuatro meses después de que fuera intervenida y tras una fallida negociación para intentar una solución concertada con Gas Natural Fenosa con el fin de solucionar sus problemas financieros, que estaban afectando a la prestación del servicio.