La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) ha requerido al Consell de Mallorca que derogue la norma que establece cautelarmente una moratoria para instalar nuevas grandes superficies.
La comisión informa en un comunicado de que el pasado 27 de abril notificó al Consell de Mallorca un requerimiento previo contra el acuerdo del pleno del organismo insular en el que se aprobó de forma definitiva la norma territorial cautelar previa a la formulación del plan director sectorial de equipamientos comerciales de Mallorca.
Este requerimiento, explica, es «un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares», en el caso de que el Consell de Mallorca no derogue la citada norma.
El análisis de la norma territorial cautelar que ha hecho la CNMC pone de manifiesto que «la moratoria comercial aprobada crea un obstáculo injustificado para la competencia efectiva en el mercado de la distribución comercial en Mallorca», detalla este organismo.
La comisión explica que esta decisión impide la entrada de nuevos operadores y la expansión de los ya existentes en el mercado de distribución comercial minorista en Mallorca, «lo que reduce considerablemente la competencia efectiva y potencial en la isla».
Además, «refuerza el poder de mercado de los operadores incumbentes», lo que puede traducirse en «precios más elevados para los consumidores y en menores incentivos a la eficiencia, la inversión, la innovación y la calidad», incide.
«La moratoria comercial a los grandes establecimientos comerciales no está justificada bajo ninguna obligación legal, ni de necesidad o proporcionalidad. Esta intervención pública constituye una restricción grave e injustificada a la competencia, ya que el Consell insular no justifica que existan razones de interés general, que hagan necesaria la suspensión cautelar para instalar nuevos centros comerciales», agrega.
Insiste en que esta suspensión cautelar de grandes superficies e Mallorca «no se ajusta al Derecho de la Unión Europea, fundamentalmente a la Directiva servicios, ni al Derecho nacional que obliga a los poderes públicos a justificar las restricciones a la competencia efectiva».
La CNMC apunta que está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados, de conformidad con la ley. EFECOM
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