La filial de Gas Natural en Colombia, Electricaribe, exige al Gobierno de Juan Manuel dos Santos el pago de 1.100 millones de euros, un montante que el Ejecutivo colombiano se niega a pagar ya que se trata de una valoración de activos de la empresa y que es exactamente la misma cifra del negocio que genera la eléctrica en un año. La respuesta del Gobierno colombiano ha sido contundente y amenaza con la intervención.
La disputa entre Colombia y Gas Natural viene de lejos, e incluso se firmó un acuerdo entre las partes para encontrar la mejor solución posible para ambos. Los compromisos de ese pacto se han ido rompiendo uno a uno hasta el punto de destruir la confianza del Gobierno colombiano en la eléctrica, que ayer cortó la luz a 60 barrios debido a unas acometidas en una planta de distribución.
La filial de Gas Natural exige el pago de 1.100 millones de euros, mientras que los representantes políticos de la zona afectada denuncian a Electricaribe de ofrecer un deficiente servicio que afecta a más de 2 millones de usuarios. Asimismo, los vecinos de los barrios protagonizaron protestas y bloqueos debido a los continuos cortes eléctricos.
La demanda ha llegado hasta el punto de no retorno, con relaciones rotas entre el Gobierno de dos Santos y la eléctrica española. Colombia se enfrenta a una grave crisis económica, por lo que no podría hacer frente a la demanda de Gas Natural. Según el Ejecutivo, la eléctrica debería centrarse en mejorar el servicio de abastecimiento eléctrico e incluso dar entrada a otro operador para encontrar la solución.
El Gobierno de Juan Manuel dos Santos se niega a pagar los platos rotos de Electricaribe, por lo que Gas Natural ha tomado la decisión de llevar a Colombia ante el tribunal de arbitraje internacional, el CIADI, bajo la tutela de ña Dirección del Banco Mundial, un puesto al que iba a ir Juan Manuel Soria.
Colombia ha roto así el acuerdo de negociar otros seis meses una solución. La ministra de Industria y Comercio, María Claudia Lacouture, ha afirmado que el Ejecutivo no acepta esa petición de negociación.»Gas Natural presentó su notificación de controversia. Nosotros no la hemos aceptado porque consideramos que está incompleta», aseguró en una entrevista al Heraldo de Colombia.
Electricariba, controlada en un 85% por Gas Natural, está bajo la lupa de los políticos de la zona donde actúa debido a los incesantes cortes de luz, el último ayer que afectó a 60 barrios de la zona Atlántica del país.
La disputa podría haber finalizado en agosto, pero las negociaciones fueron tan duras que se llegó a amenazar con la intervención de la compañía por los incumplimientos. Así, la única vía de solución para la eléctrica es Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Gobierno colombiano deja claro que el problema de gestión de la filial Electricaribe no es de su incumbencia, más cuando la compañía ha tenido que provisionar un tercio de lo que demanda al Estado colombiano.
El gobernador de la zona más afectada por los cortes de luz de Electricaribe, Eduardo Verano de la Rosa, «desconoce» quién está negociando entre las partes ni tampoco qué condiciones están sobre la mesa. A su juicio, hay responsabilidades compartidas en esta situación, por un lado el Estado y los usuarios por los subsidios y el pago del servicio, y por el otro la empresa a la que le ha faltado gestión de cobro.
En este sentido, ha puesto de manifiesto la evolución negativa cifras de Unión Fenosa entre 2008 y 2016. Aseguró que todos «estos índices se han venido desmejorando» y eso es «producto de una gestión ineficiente».
Desde la filial aseguran que Colombia pactó buscar una alternativa, y ahora se enfrenta a la amenaza de una nacionalización.
