Las eléctricas españolas, sobre todo Endesa, esperan movimientos en el Boletín Oficial del Estado para poder prorrogar la vida útil de centrales nucleares y termoeléctricas.
Portugal ya tiene el sí de Bruselas por prorrogar el contrato a las centrales hidroeléctricas que gestionaba EDP, la eléctrica más grande del país vecino. Según la Comisión Europea no era una ayuda estatal, ya que EDP pagó 704 millones de euros.
Bruselas ha tardado cuatro años en llegar a esta conclusión. Según el organismo europeo, el pago de EDP se ajustaba a una metodología financiera «apropiada» y que se trataba de una cantidad «en línea con las condiciones de mercado».
En 2007, Portugal renovó las concesiones concesiones hidroeléctricas para EDP más allá de la fecha original del contrato, pero a cambio EDP debía realizar el pago. La legislación portuguesa señala que los recurso hídricos son públicos, como en España, y que la producción de electricidad se oferta mediante una concesión tras un proceso de selección.
Portugal no hizo notificación alguna a la Comisión Europea para que se determinara si entraba en conflicto con las normas de competencia. EDP continuó manteniendo la gestión de las 27 plantas hidroeléctricas, que generan el 27% de la capacidad total del país.
En 2013 y tras las quejas por esta prórroga en la concesión, Bruselas abrió la investigación para determinar si el precio por la prórroga era adecuado y qué impacto tenía en el mercado luso esta nueva concesión.
En España, Endesa ha elevado la vida útil de sus activos hidroeléctricos hasta los 100 años de vida útil, ampliando así el tiempo de amortización, y por tanto una menor inversión anual y reduciendo el gasto en amortizaciones. La eléctrica presidida por Borja Prado espera que el Gobierno amplíe la concesión de las centrales nucleares y otras plantas a cambio de una bajada de impuestos y posiblemente un cambio en algunas de las cláusulas, como la introducción de la responsabilidad patrimonial del Estado.
