La liquidación de Banco Popular hubiera supuesto la activación del Fondo de Garantía de Depósitos, que devolvería un máximo de 100.000 euros por cuenta, tal y como se había aplicado hasta ahora en España. En vez de accionistas y bonistas, habrían perdido su dinero ahorradores y depositantes, siempre y cuando tuvieran más de ese límite.
Según Deloitte, los acreedores de la entidad financiera hubieran perdido cerca de 23.000 millones en el mejor escenario, y 34.000 millones en el peor de los casos, según publica Expansión. El informe lo tenía la JUR desde hace semanas, y ahora comienza a filtrarse algunas de sus cifras, eso sí se mantienen datos ocultos y protegidos por una supuesta «confidencialidad», pese a que el panel de la Junta Única de Resolución ha exigido a la presidenta del organismo, Elke König dar a conocer todo el informe, incluidas las partes confidenciales, más cuando ya ha pasado un año de la drástica medida.
Según los escenarios del informe de Deloitte Bélgica, la resolución de Banco Popular era la opción más favorable en cuanto al montante económico. El impacto sobre los acreedores era superior al de accionistas y bonistas de la entidad financiera. De esta forma, ha asegurado que la venta a un tercero -se vendió a Banco Santander por un euro- era la operación más factible.
Deloitte se basa en su informe en el tiempo que se hubiera tardado en liquidar Banco Popular. El primero de ellos analiza un período de solo 18 meses, tiempo estimado para liquidar una compañía en España por ley. Para la auditora en ese tiempo hubiera resultado imposible realizar las operaciones y devolver parte del dinero a los acreedores. En este sentido, estima un período de entre tres y siete años para llevar a cabo la operación.
En estos escenarios se contemplan costes diferentes. En concreto, para el periodo más corto, los costes hubieran sido de entre 28.000 y 34.000 millones; de 26.000 y 31.600 millones en tres años; y de 23.000 y 29.000 millones en caso de haberse liquidado a siete años.
De esta forma, cuanto más tiempo pase, mayor revalorización se registrarían en los activos, por lo que se obtendrían mayores ingresos a la hora de resarcir a los acreedores, que no se vieron afectados por la resolución de la entidad financiera, ya que perdieron toda la inversión los bonistas y accionistas en la noche del 6 al 7 de junio. Las pérdidas sufridas alcanzaron los 12.000 millones de euros, un 50% menos de las que hubieran registrado los acreedores en el mejor de los casos, siempre según Deloitte.
