Cerrar y desmantelar las centrales nucleares tiene un coste elevado para el Gobierno. En concreto, Enresa, la empresa pública encargada de las centrales, cifra el gasto en los 14.248,23 millones de euros, según consta en sus cuentas anuales de 2017.
Este coste es superior a los 13.153 millones que estimaba en 2016. El elevado montante es superior a los 13.500 millones de euros adicionales que espera ingresar el PSOE para sus cuentas de 2019, por lo que su promesa de cerrar las centrales nucleares en el fin de su vida útil será un doble golpe para los contribuyentes: primero para sufragar el gasto y segundo por la subida de la factura eléctrica, que se estima entre el 15% y el 25% en caso de cerrarse definitivamente estas centrales.
Las cuentas anuales de 2017 de Enresa reflejan ahora el coste que supondría cerrar las centrales nucleares en un informe publicado el pasado 27 de junio. Enresa ha cifrado los cálculos sin contar la inflación.
Enresa está aún inmersa en el desmantelamiento de las centrales de Vandellós I y de Zorita, junto con Garoña, aunque aún no se han producido movimientos al respecto de esta última.
Los sobrecostes del apagón nuclear es uno de los principales riesgos. El Gobierno, en un principio, pretende que sean las eléctricas quienes sufraguen el apagón, utilizando para ello los fondos de Enresa, aunque son insuficientes para cubrir los gastos. Con todo, los socialistas liderados por Pedro Sánchez buscan eliminar y suprimir este tipo de energía una vez expire la vida útil de las centrales nucleares, es decir, unos 40 años. En 2028 expirará la última central construida en España, Trillo, inaugurada ahora hace 30 años. Antes, expirarán las de Almaraz (I y II), Vandellós II, Ascó (I y II) y Cofrentes. La siguiente en la lista es Almaraz I, cuya vida útil expira en 2021 y que es objeto de un bronca monumental entre el Gobierno de Extremadura (PSOE) y el Ejecutivo de Sánchez.
Además, el desmantelamiento de las centrales conlleva la construcción del almacén temporal de residuos nucleares en Villar de Cañas, Cuenca. El Gobierno ha paralizado la construcción, pero no ha denegado la obra. Tan solo gana tiempo y realizar un guiño al PSOE castellano manchego de Emiliano García-Page. El alcalde de este pequeño municipio, José María Saiz, ha afirmado a Intereconomía.com que el almacén se construirá y por cada día de retraso cuesta a los españoles 70.000 euros diarios.
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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha incidido en que el Gobierno se atiene a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE, que es tomar como referencia los 40 años de la vida tecnológicamente útil desde el inicio de la explotación comercial de una central.
Para la ministra, una de las cuestiones “más relevantes” en temas nucleares es entender lo que supone el cierre de las centrales analizando el coste financiero, la gestión de materiales peligrosos y de las necesidades tecnológicas, tanto si se trata de un cierre adelantado como de un cierre postergado de las centrales
La ministra Ribera afirma desconocer dónde están ni cómo se gestionan los residuos radioactivos de las centrales nucleares
Durante su intervención, Ribera ha denunciado que a su llegada al Ministerio “no se encontró” con un plan nacional de seguridad de residuos por lo que se está incumpliendo una obligación europea de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares, y ha subrayado que, en la actualidad, no se sabe cuántos hay y dónde y cómo se gestionan.
