La Policía alemana ha detenido al presidente del fabricante automovilístico de la gama alta Audi, Rupert Stadler, ha informado la compañía matriz Volkswagen, que precisa que la detención es temporal. No obstante, La Fiscalía de Múnich, encargada del caso Audi, ha ordenado la prisión preventiva ante una posible obstrucción a la Justicia.
Volkswagen añade que el encarcelamiento dura todavía y que se mantiene la presunción de inocencia para Stadler. La Fiscalía de Braunschweig impuso la semana pasada una multa de 1.000 millones de euros por la manipulación de las emisiones de gases en motores diésel al grupo automovilístico alemán Volkswagen, que la ha aceptado y que no recurrirá.
De este modo concluye el proceso para Volkswagen, que esperaba la semana pasada que tuviera «efectos positivos notables» sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa. La Fiscalía Estatal de la ciudad alemana de Múnich (sur) anunció el pasado 11 de junio que investiga al máximo responsable de Audi por presunto fraude en relación con el caso de manipulación de emisiones contaminantes.
La Fiscalía investiga a Stadler y a otro miembro del Consejo de Administración de Audi, cuyos domicilios fueron registrados en el marco de la operación por su presunta responsabilidad indirecta en la emisión de certificados falsos de esas emisiones y en relación con vehículos diésel comercializados en Europa. La Fiscalía precisó que con estos dos nuevos responsables de Audi asciende a veinte el número de personas investigadas en el caso.
El anuncio de la investigación se conoce después de que la semana pasada la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) de Alemania obligara a Audi a revisar los modelos A6 y A7 con motor diésel de tres litros y paralizara la venta de nuevos vehículos de este modelo por contar con un dispositivo ilegal para manipular las emisiones de gases contaminantes.
La Justicia alemana considera probado que desde mediados de 2007 y hasta 2015, se produjeron incumplimientos que permitieron que Volkswagen equipara 10,7 millones de vehículos con el motor diesel EA 288 de la tercera generación en EEUU y Canadá y con el motor EA 189 con una función de software ilegal, que se vendieran y que entraran en circulación.
Volkswagen ha asegurado que no recurrirá y que acepta la multa. Es su modo de asumir su responsabilidad en la crisis del diesel.