Las patronales de los fabricantes de coches (Anfac), de los concesionarios (Faconauto) y de los vendedores de Cataluña (Fecavem) han rechazado este miércoles un nuevo impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos en esa comunidad autónoma con el argumento de que podría producir una caída de las ventas.
En un comunicado, las patronales citadas, junto a la patronal Foment del Treball y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, han advertido de que este impuesto «perjudica al sector y a la actividad económica de Cataluña, ya que puede producir una sensible reducción de las matriculaciones en territorio catalán».
Estas organizaciones han presentado alegaciones y observaciones en este sentido al anteproyecto de ley de la Generalitat de modificación de la Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica, pendiente de aprobación, y que fija un pago por parte de los propietarios de vehículos en función de los niveles de emisión de estos gases.
A su juicio, la mejor manera de conseguir la reducción de emisiones es «transformar el impuesto de circulación para añadirle verdaderos criterios medioambientales, enfocados al uso del vehículo y comunes en todos los territorios».
Hasta que no sea posible modificar el impuesto de circulación, las patronales del sector de la automoción plantean que el nuevo impuesto no afecte a los vehículos nuevos, de menos de 4 o 5 años de antigüedad.
Esta propuesta «no frena la compra de vehículos más nuevos y eficientes» y penaliza a aquellos vehículos más contaminantes, con lo que están convencidos de que se conseguiría una renovación progresiva del parque de automóviles.
La vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, Marta Blázquez, ha señalado que «el nuevo tributo no conseguiría los objetivos medioambientales que persigue, ya que penaliza la posesión del coche, y no el uso, cargando además a los catalanes que, precisamente han adquirido vehículos más eficientes».
Los firmantes de las alegaciones plantean además que si se pone finalmente en funcionamiento el impuesto sus ingresos se destinen a fomentar la renovación del parque automovilístico.
