El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados «riders», con duras criticas de VOX, que ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional, PP y Ciudadanos. Esta ley se aprueba en contra del criterio de muchos «riders» que prefieren seguir de autónomos y que no se les da esa opción, mientras los sindicados convencionales como UGT y CCOO la apoyan porque ven una oportunidad de meter mano en empresas donde tienen muy escasa o nula representación entre los trabajadores. También la apoyan plataformas como Ubereats porque la mayoría de sus repartidores son subcontratados por otras compañías.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado en el Congreso esta norma como «vanguardista» y ha defendido que «dota de derechos» a las relaciones laborales en las plataformas digitales y «da transparencia» en el uso de los algoritmos. Sin embargo, muchos trabajadores no opinan igual y acusan a la ministra de no tener ni idea de como funciona el sector.
«Las personas tienen derecho a saber quién toma las decisiones que les afectan, aunque el jefe se esconda tras un algoritmo», ha subrayado Díaz, que ha puesto en valor el acuerdo logrado en el seno del diálogo social para sacar adelante esta norma.
La norma, que se tramitará como proyecto de ley para poder introducir cambios, ha salido adelante con 195 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones.
Los socios de Gobierno PSOE y Podemos han sumado el apoyo de PNV, Bildu, ERC y varios miembros de los grupos Mixto y Plural, entre ellos el PDeCAT.
Por el contrario, VOX, PP y Ciudadanos han votado contra la norma aunque estos dos últimos grupos sí se han mostrado partidarios de la tramitación como proyecto de ley.
Recurso al Tribunal Constitucional
El debate ha sido especialmente bronco entre el diputado de VOX Juan José Aizcorbe y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.
VOX, que ha expresado su rechazo a la norma por «la forma, las formas y el fondo», ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, ha reclamado un «estatuto especial» para las nuevas realidades de la economía digital y ha acusado al Gobierno de dejar fuera de la negociación a la mayoría del colectivo.
A las puertas del Congreso se han manifestado un centenar de personas contra esta ley convocados desde la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos (APRA) y RepartidoresUnidos.org.
Para VOX, que ha apoyado esta protesta, la norma «pone barreras» para que miles de personas puedan trabajar y suma «más incertidumbre» al mercado laboral.
Díaz ha acusado a VOX de defender un «modelo laboral basado en la explotación», y ha reprochado al grupo parlamentario tener «problemas» con el Estado de Derecho y con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido a los repartidores como falsos autónomos.
También el diputado del PP Diego Movellán ha considerado que con esta ley se «truncan» las oportunidades laborales de muchas personas y ha acusado al Gobierno de «sobrarles los autónomos».
Y desde Ciudadanos han cuestionado la «urgencia» de una norma que contempla un plazo de adaptación de tres meses.
«El fin no justifica los medios», ha reprochado la diputada María Muñoz.
La norma, que fue aprobada el pasado 11 de mayo por el Consejo de Ministros, da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten a una regulación que parte de la premisa de que los trabajadores que desempeñan tareas de reparto en las plataformas digitales son laborales.
Les aplican, por tanto, todos los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores relativos a la organización, sindicación, protección social, cotizaciones o salario.
Los rideres, ante el Congreso: esta Ley nos condena a la precariedad, subcontratación y al paro
Cientos de repartidores pro-autónomos han participado en una manifestación a las puertas del Congreso de los Diputados contra la llamada «Ley Rider», y han denunciado que las consecuencias negativas de la nueva normativa ya están comenzando a percibirse en el sector.
Según los organizadores, más de 300 personas procedentes de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Gijón o Albacete han acudido al acto de este jueves, coincidiendo con el debate en la Cámara Baja respecto a la citada legislación, que finalmente ha recibido luz verde.
El portavoz de la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), Jordi Mateo, ha explicado a Efe que han recibido el apoyo de representantes de los grupos parlamentarios PP, Vox, Ciudadanos y PDCat.
Este grupo de repartidores critica la «Ley Rider» por obligar a las empresas a dejar de usar autónomos para estas labores y les exige convertirlos en asalariados.
Sin embargo, han advertido de que las plataformas digitales afectadas -como Deliveroo, Glovo, Stuart o Ubereats- ya están empezando a utilizar empresas de trabajo temporal y subcontratas para no tener que incluirlos en plantilla, lo que supone en su opinión una mayor precariedad del colectivo.
«Estamos rodeados de compañeros que dejarán de ser repartidores en las próximas semanas. Esta ley nos condena a ser subcontratados, con trabajos temporales inestables y con períodos de prueba poco transparentes que no siempre se renuevan», han criticado en un comunicado.