El exministro de Industria Miguel Sebastián se ha personado como acusación particular en las diligencias que investigan en la Audiencia Nacional las presuntas escuchas y seguimientos realizados por el excomisario José Villarejo a distintas personalidades de la vida política y económica por orden del BBVA.
Un comunicado del bufete CCS Abogados explica que la decisión responde a diversas informaciones sobre «operaciones de espionaje y vigilancia realizadas por grupos operativos coordinados por el entonces comisario de policía Villarejo, cuyos servicios habrían sido contratados en el año 2004 por responsables del BBVA».
Con esta operativa se habría intentado «favorecer los intereses económicos» del entonces presidente de la entidad, Francisco González.
Según han relatado distintos medios de comunicación, Miguel Sebastián fue objeto de seguimiento y vigilancia continuadas, y le fueron intervenidas sus comunicaciones, «tanto las privadas como las oficiales». Y fue objeto de seguimiento porque era uno de los que apoyaba la operación Sacyr, de Luis del Rivero, y Juan Abelló se asalto al BBVA, desde su cargo en La Moncla. En aquella fecha, tras ser despedido del BBVA por Francisco González como director del Servicio de Estudios, era el director de la Oficina Económica de Zapatero. Más tarde fue ministro de Industria y responsable, entre otros, del almacén de gas Castor, y su milmillonaria indemnización, así como del nefasto plan E o de la compra de millones de euros en bombillas chinas de bajo consumo que acabaron en los almacenes de Correos.
En la actualidad, como premio a los servicios prestados en aquel gobierno socialista (2008-2011) que dejó a España al borde del abismo, así como su aportación a la tesis doctoral de Pedro Sánchez, Miguel Sebastián ha sido nombrado consejero de Indra, una empresa en la que el Estado hace y deshace al contar con el 20% del capital.
Pero según sus abogados, prosigue la nota, «se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad».
De ser ciertos estos hechos, «podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española», ya que se habrían utilizado «recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios».
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga, en el marco de la operación Tándem, los servicios prestados a través de la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, a BBVA durante la presidencia de Francisco González, popularmente conocido como FG.
Entre la documentación que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción constan una serie de pinchazos y operaciones de seguimiento que sitúan el inicio de las relaciones entre BBVA y Cenyt en 2004, cuando Sacyr pretendía tomar el control de la entidad.
Pese a que el banco inició en junio pasado una investigación interna sobre dichas informaciones, los abogados de Miguel Sebastián recuerdan que «a pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente por tales hechos».
