Un nuevo real decreto ley con medidas para aliviar el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores ataca directamente a las eléctricas y quiere disimular que la diferencia entre el tope del precio del gas y el real para la producción de electricidad tiene que ser asumida por los consumidores.
Así, el real decreto-ley obligará a las compañías que quieran informar a los clientes en la factura de la compensación o ajuste que se paga a las centrales de gas por la aplicación del mecanismo ibérico a que lo hagan de forma que no induzca a error. Para el Gobierno, el error es decir cuánto cuesta esa diferencia al consumidor que tras ese pago ve muy mermada la rebaja en su recibo de la luz que pavonea el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos.
En ese intento del Ejecutivo de Sánchez de no llamar las cosas por su nombre, el BOE recogerá el párrafo literal que deben poner y obligará a informar de los beneficios de la medida, que, según el Ministerio, ha ahorrado ya 3.000 millones de euros a los consumidores.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado que no es obligatorio trasladar el ajuste del gas, que las compañías pueden decidir si lo repercuten en todo o en parte, pero el Ejecutivo busca que si informan de ello, lo hagan sin «calificativos creativos», llamándolo tasa o cargo.
Las nuevas facturas de la luz llegarán a los hogares a partir de diciembre con información también del consumo medio en el código postal del cliente y el Gobierno destinará 40 millones para sustituir contadores de gas analógicos por digitales para que no tenga coste para el cliente, al tiempo que elevará los requisitos de eficiencia del alumbrado público.