El Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto ahora salvar al sector del taxi con un Decreto-Ley contrario al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, y ante un posible sentencia favorable a Uber y Cabify en el Supremo, que se pronunciará próximamente al respecto.
El Gobierno pretende ahora modificar las condiciones del sector de las VTC, el arrendamiento de vehículo con conductor, y que tantos quebraderos de cabeza están dando a los taxistas, ya que consideran que las nuevas empresas juegan con ventaja en el mercado. El Tribunal Supremo tiene aún que hacer pública su sentencia sobre las VTC, con un informe favorable a la liberalización del taxi de la CNMC, en contra de la posición de Fomento.
Tanto taxistas como el propio Gobierno creen que el Alto Tribunal dará la razón a Competencia, y por tanto deben eliminarse las actuales trabas a las tecnológicas estadounidenses para operar de tú a tú con el taxi en España.
Los taxistas ya han amenazado con más huelgas, y a poco más de un año de las elecciones este asunto abre un nuevo frente al Gobierno, como el conflicto de las pensiones y los independentistas catalanes.
El valor de las licencias caería con fuerza, dejando enormes deudas en los autónomos y pulverizando las inversiones de grandes empresas
El Gobierno hasta ahora había aprobado una normativa para marcar los límites a las VTC, como no poder recoger a personas por la calle sin previa reserva, o esperar en una zona específica para acudir hacia el cliente. El Supremo sentenciará sobre esta normativa, y no la nueva, que pretende modificar ahora el Ejecutivo, según El Confidencial, que ha tenido acceso a un borrador del Decreto-Ley. Se trata así de superar la posible sentencia negativa del Supremo al taxi.
El director general de Transportes, Joaquín del Moral, ya ha informado en varias reuniones tanto a los directores generales de transportes de cada comunidad como al sector del taxi de la aprobación inminente de la normativa.
El Gobierno mantendrá la ratio de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxis junto con la de realizar al menos el 20% de los servicios en otra comunidad autónoma. De esta forma, dejará fuera a nuevos actores pequeños del mercado. El Supremo, no obstante, decidirá qué hacer sobre estas cuestiones, vigentes desde noviembre de 2015. Si el Supremo tumba estas dos premisas, el sector quedaría liberalizado, dejando el pulso a decisión de las más de 100.000 familias que viven del taxi en España.
Para evitar este conflicto, el Gobierno eleva así el rango de la normativa a Ley, por lo que quedaría blindado el sector y ante una sentencia desfavorable del Supremo. Asimismo, lo haría casi de forma urgente, porque se espera que se apruebe este viernes o el siguiente.
En caso de producirse una liberalización del taxi, el precio de las licencias, incluidas las VTC, caerían con fuerza, en un mercado al alza, estallando así la burbuja del mercado, sobre todo en las VTC que en los últimos años han disparado el precio.
