Los empresarios muestran su preocupación ante la tensión política generada por el golpe de Estado del Parlamento catalán para iniciar la independencia de Cataluña. Las empresas tienen planes en caso de una desconexión efectiva, aunque consideran que no se producirá.
Los estatutos de varias grandes entidades catalanas se han modificado en los últimos años debido a este riesgo. El fallecido presidente de Planeta, José Manuel Lara, lo dejaba muy claro: en caso de independencia la sede social y fiscal podría recalar incluso en Sevilla. También Freixenet, presidida por Josep Bou, uno de los pocos empresarios que ha mostrado su oposición a la independencia de forma abierta.
La mayoría apunta que se trata de un problema político, pese a que el diálogo de los independentistas se fundamenta en realizar una ilegalidad, rompiendo con todo el Estado jurídico que ampara la unidad de España. Tratan de imponer así su visión ideológica, apuntando al victimismo y a la amenaza con no cumplir ni leyes ni sentencias judiciales, como ya se ha visto estos bochornosos días en la Cámara catalana.
Las grandes patronales aseguran que no se ha iniciado ningún tipo de plan para evitar verse afectados por las llamadas leyes de desconexión, ni que tampoco habrá movimientos. No obstante, el reguero de empresas que sale de Cataluña continúa y alcanza las 405, según los últimos datos de Asexor del primer trimestre de este año. Aún quedan en Cataluña cerca de 610.000 empresas, la inmesa mayoría pequeñas y medianas, como panaderías y peluquerías.
No obstante, las grandes del IBEX 35 y otras compañías no cotizadas pero de considerable tamaño sí tienen ya informes internos que apuntan a la pérdida de 700.000 puestos de trabajo, por lo que no solo habría deslocalización, sino que debido a un menor consumo esas pymes que aún quedarían en Cataluña se verían también afectadas. En este sentido, Cataluña entraría en una peligrosa y catastrófica espiral en lo económico y social, más cuando la Generalitat tendría cerrado el grifo de la financiación de España y extranjera. ¿Quién invertiría en una zona que no es reconocida oficialmente? Se llegaría a una situación de impago sin la asistencia de España, y por tanto recortes drásticos de gasto, como Sanidad y Educación, junto con bajadas de sueldo generalizadas en todos los sectores.
Asimismo, la banca con sede en Cataluña también tendría un serio problema, ya que tendrían que abrir su sede fuera de Cataluña y dentro de la Eurozona para continuar accediendo a la ventanilla del BCE.
Numerosas grandes empresas con sede en Cataluña tienen preparado un plan de salida de la Comunidad Autónoma en menos de 24 horas, según ha afirmado el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (Amcham), Jaime Malet. Una suerte de «botón rojo» para trasladar su sede a otra comunidad si la situación empeora. «Hay empresas que tienen un mecanismo de cambio de sede social preparado con notarios y despachos de abogados. En 24 horas pueden cambiar su sede social. Es lo que llaman el botón rojo», según asegura a Expansión.