Los enganches a la red eléctrica es un fraude que pagamos todos los usuarios, pero el sistema pueden llegar a cobrar dos veces. La primera, una vez detectado el fraude, exigir la reclamación correspondiente; la segunda, que esa energía utilizada ya la están pagando el resto de consumidores.
El 97% de este fraude no lo cometen usuarios con pocos recursos o en situación de pobreza, como sí ocurre en determinadas zonas de Latinoamérica, sino que lo cometen grandes empresas y urbanizaciones residenciales, según un informe de las eléctricas al que ha tenido acceso El Independiente. De hecho, solo el 1% de este robo que repercute en el bolsillo de todos los consumidores es cometido en viviendas con bajos ingresos.
El millonario robo alcanza, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, CNMC, los 150 millones de euros anuales. Un fraude que se paga entre todos los conectados al sistema debido a la regulación del mismo.
Pese a no existir un registro oficial de fraudes, los datos de las eléctricas señalan que el 70% del robo de la electricidad se produce en viviendas particulares con elevado consumo eléctrico, un 16% fue cometido en empresas de servicios, como hoteles, bares, comercios, y otro 12% en industrias. De esta forma, si se agrupan todas las empresas, el fraude cometido en éstas alcanza el 60%.
Competencia exige que sean las eléctricas quienes asuman el fraude eléctrico
De esta forma, el fraude no proviene de una situación de pobreza energética, si bien continúa siendo un grave problema para la sociedad, más cuando se han producido accidentes con resultado de muerte en algunos casos, como el de Rosa, una anciana que murió en un incendio en su vivienda al no tener suficiente para abonar el recibo de la luz. De hecho, en los últimos años, las eléctricas han cortado a miles de hogares la luz por impago en el recibo, si bien la situación se solventa haciendo frente a la cuantía.
Este fraude golpea a todos los contribuyentes debido a la arquitectura del propio sistema eléctrico, en el que todos los enganchados a la red eléctrica hacen frente a la factura común, incluso si el consumo es nulo. De esta forma, el fraude de unos lo asume el resto del sistema, por lo que el Gobierno cobra sus respectivos impuestos y las eléctricas dos veces, una por la subida del precio de la electricidad correspondiente al fraude y otra cuando cobra el desfalco. Las eléctricas no asumen así directamente el fraude, sino que se distribuye en las millones de facturas emitidas, es decir, el bolsillo del contribuyente.
“El incremento de las pérdidas provocadas por aquellos que cometen fraude repercute en el bolsillo del resto de consumidores, los que sí abonan sus facturas, dado que hay que elevar los ingresos del sistema vía peajes de acceso para equilibrar las cuentas del sistema”, según apuntan fuentes de Iberdrola al citado medio.
Competencia exigió que fueran las propias compañías eléctricas quienes se hicieran cargo de este fraude, en vez de repercutirlo en la factura al resto de clientes. Asimismo, existe ya un fraude profesionalizado, como ocurre con los seguros. Ya hay servicios para manipular los contadores y otras fórmulas para evitar pagar el precio exigido.
