La empresa gasística, controlada por la Sepi, ya ha abonado 213 millones de euros, y aún tiene comprometidos otros 275,3 millones de dólares (235 millones de euros) más en concepto de capital social del Gaseoducto del Sur Perurano, paralizado por la corrupción de su socio en el proyecto, la brasileña Odebrecht.
Enagás, presidida por Antonio Llarden, ganó 269 millones de euros en el primer semestre gracias a la integración de GNL Quintero en sus cuentas, pero tuvo que realizar un pago de las garantías asociadas al Gasoducto del Sur Peruano (GSP) de 213 millones de euros.
Y es que el Gobierno peruano tiene paralizado este proyecto y está en fase de relicitación por las acusaciones de corrupción en su concesión. No en vano uno de los socios de Enagás en la construcción del gaseoducto del sur peruano es Odebrecht, la constructora brasileña inmersa en un macroescandalo de corrupción que salpica a numerosos países latinoamericanos y a sus dirigentes políticos.
Según comunicó Enagás a la CNMV, la compañía desglosa el pago hecho hasta la fecha en dos partidas. Una hace referencia a la «garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión», que tenía como fin garantizar la puesta en marcha funcionamiento del gasoducto. Esa garantía era de 262,5 millones de dólares (224 millones de euros). Enagás por su participación del 26,87% en la empresa concesionaria, ha tenido que responder de 65,6 millones de dólares (56 millones de euros).
600 millones de dólares de deuda
La segunda partida corresponde a la «garantía corporativa concedida sobre la deuda de la sociedad». La deuda financiera de GSP asciende a 600 millones de dólares. Al negar los bancos la financiación al proyecto de Odebrecht por sus casos de corrupción a principios de de este año se decretó el fin del contrato de concesión. Tras este fiasco, las entidades financieras ejecutaron las garantías otorgadas por los accionistas. A Enagás, le han correspondido otros 162 millones de dólares en su condición de accionista garante.
Enagás se ha marcado como objetivo prioritario recuperar la inversión realizada en el Gaseoducto del Sur Peruano y por eso ratifica su objetivo de crecimiento y dividendo
Hasta la fecha, Enagás ha abonado 213 millones de euros, pero quedan pendientes otros 235 millones en concepto de capital social de GSP. Es decir, 448 millones, 31 millones más que su benefcio completo de 2016. Enagás, sin embargo, está decidida a recuperar toda su inversión y ahora mismo es su objetivo prioritario. Así se recoge en el hecho relvante que envío la empresa a la CNM en enero de este año.
En ese escrito al supervisor bursátil se señalaba que «según establece el contrato de concesión, sujeto a derecho peruano, en caso de terminación de la misma el concedente deberá proceder a subastar la concesión. Con la suma que se obtenga en la subasta el concedente abonará a GSP hasta un máximo del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión, deducidos los gastos incurridos en el proceso de subasta. El Concedente garantiza como mínimo el 72.25% del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión. Los términos del contrato de concesión y demás acuerdos firmados entre los socios delproyecto nos permite estimar a día de hoy, que en caso de terminación de la concesión,Enagás recuperaría la inversión realizada en el proyecto en un plazo máximo estimado de tres años años».
«Esta estimación», añade el mismo comunicado, «se soporta, asimismo, en los análisis realizados para la compañía por asesores externos, tanto jurídicos como financieros». Por eso, Enagás, confiada de que va a recuperar la inversión en GSP, mantienelos objetivos de crecimiento de BDI y de pago de dividendo establecidos en el plan estratégico 2016-2020.
El expresidente Humala, acusado de corrupción
Enagás Perú, la filial en el país andino de Enagás, se fundó en 2014, dos meses después del concurso del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una de las obras más costosas del país (7.329 millones de dólares). La investigación de la fiscalía peruana sobre el pago de sobornos afecta directamente al expresidente Humala, a la exprimera dama Nadine Heredia (ambos en prisión por otro caso relacionado con Odebrecht) y al ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Se dice que recibieron 29 millones de dólares en sobornos.
También se investiga a ejecutivos de Odebrecht y Graña & Montero (GyM). Asimismo, se ha solicitado información a la persona que, en representación de Enagás, firmó el contrato de la concesión del proyecto. el español David San Frutos Tomé, contra el que no existen, sin embargo, ni evidencias ni indicios que motiven una imputación, según ha señalado la propia fiscalía peruana.
Pese a que Odebrecht ya había cometido casos de corrrupción antes de comenzar sus negocios con Enagás, la española, con capital púiblico y presidida por Antonio Llarden, no tuvo conocimientos de ellos hasta después de entrar en la empresa que iba a construir y explotar el Gaseoducto del Sur Peruano. Además, en principio, nada indicaba, que Odebrecht fuera un socio no adecuado para Enagás. Los bancos que están sujetos a temas de ‘compliance’ de la Ley Americana no vieron ningún indicio que les hiciera dudar y otorgaron el crédito puente necesario para el inicio de la construcción, aunque más tarde retiraron la financiación tras descubrirse los casos de corrupción en los que estaba y está implicada la constructora brasileña.
Odebrecht afirma que sus socios en el Gaseoducto del Sur Peruano sabían que se habían pagados sobornos
Y es que el brasileño Jorge Barata, ex alto directivo de Odebrecht en Lima, lo deja claro: «El pago ha sido [de] Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería».
La acusación que hace la fiscalía peruana es que el pago a Humala fue a cambio de favorecer a la constructora y a sus socios en las licitaciones dadas durante su gobierno, algo que puede dejar contra las cuerdas a la empresa española.
Enagás ha rconocido a la CNMV que existe una investigación en curso tramitada por la fiscalía de Perú en la que obra como investigado el directivo de Enagás Internacional como miembro del consorcio adjudicatario, aunque no hay ninguna imputación concreta sobre él.
Asimismo, el auditor de Enagás, Ernst & Young, adviertía en su informe de 2016 de que por parte de diversos órganos de la Fiscalía peruana se están llevando a cabo investigaciones, cuyo resultado no es posible anticipar en este momento, por presuntos delitos que de alguna manera pudieran guardar relación con el proyecto “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto del Sur Peruano”.
La Sepi y los fondos de inversión sus principales accionistas
La Sepi, la sociedad por la que el Estado español mantiene su participación accionarial en en empresas, es el principal accionista de Enagás, con un 5%. En su capital también participan fondos de inversión como Blackrock, con el 3,614% o la gestoria Fidelity, con el 2,119%.
Enagás es lo mismo que Red Electrica pero en el sector del gas, es decir, es la propietaria de la red del transporte del gas en España que explota en régimen de monopolio. El 96% de sus ingresos corresponden a sus tarifas de un sector regulado. Esta empresa está presidida por Antonio Llerdén Carratalá, por cierto también investigado en el caso Caixa Catalunya junto a Narcis Serra y Todó. Su consejero delegado tiene apellido de un nombre muy ligado al PP. Se trata de Marcelino Oreja Arburua, hijo de Mayor Oreja. Fue nombrado en septiembre de 2012. En su consejo además hay ilustre apellidos populares como Antonio Hernández Mancha o Isabel Tocino, además de Ana Palacio, ambas ministra de cultura en el primer gobierno de Aznar y de Exteriores en el segundo, respectivamente. Antonio Hernández Mancha fue el sucesor de Manuel Fraga en Alianza Popular, donde cosechó un tremendo fracaso y tuvo que dejar a paso a Aznar que lo refundó en el actual Partido Popular.