¿De qué sirven las campañas de reciclaje cuando los trabajadores de recogida mezclan los residuos en el mismo camión? Un trabajador de FCC ha asegurado que lleva haciéndolo durante dos meses en Mataró, cuyo Ayuntamiento busca ahora multar a la compañía con 150.000 euros.
El Ayuntamiento de Mataró trata ahora de sancionar a la compañía controlada por Carlos Slim con 150.000 euros por haber mezclado la recogida de cartón y rechazo, una falta tipificada como «grave» en la normativa que regula el tratamiento de los residuos.
El gobierno municipal ha anunciado la voluntad de multar la empresa después de que el expediente informativo ha concluido que los hechos denunciados a raíz del vídeo de un vecino eran una práctica habitual en la plaza de Cuba. Según el vídeo, el camión operado por FCC recogía en el mismo vehículo los residuos de los contenedores, pese a estar tajantemente prohibido.
Juan Carlos Jerez, concejal de Servicios Centrales del Ayuntamiento, ha afirmado que la mezcla de residuos solo se realizaba en este punto de la ciudad. No obstante, ha animado a los vecinos a mostrar vídeos que corroboren que hay otros puntos donde se mezclan los residuos en el mismo camión.
«Tenemos acotada la incidencia o la infracción, en el tiempo y en el espacio. Y no tenemos más información. Si alguien aporta más pruebas de que esto ocurre en otros lugares de la ciudad o la misma auditoría que encargamos saca más información, lo incorporaremos al expediente sancionador», ha afirmado.
El consistorio pide la multa más elevada prevista por ley al considerar que se ha dañado la imagen de Mataró y de las campañas para concienciar a la ciudadanía en el reciclaje de residuos.
El instructor del expediente informativo dice que el mismo trabajador admitió haber hecho la mezcla de los dos contenedores para ahorrarse un desplazamiento hacia la planta de tratamiento de residuos.
En todo caso, el concejal Juan Carlos Jerez atribuye la mala praxis detectada en la plaza de Cuba a «una falta de formación e información hacia el trabajador sobre los protocolos de seguimiento del servicio». Considera que «la empresa debería haber detectado que estaba pasando». El gobierno exime por tanto el operario de cualquier responsabilidad.
