España no tendrá centrales nucleares una vez expire su vida útil, programada en 40 años desde su puesta en marcha. Desde el sector afirman que esta medida encarecerá la factura de los consumidores hasta en un 25%.
Durante su intervención en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y en respuesta a los grupos parlamentarios, Ribera ha incidido en que el Gobierno se atiene a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE, que es tomar como referencia los 40 años de la vida tecnológicamente útil desde el inicio de la explotación comercial de una central.
Para la ministra, una de las cuestiones «más relevantes» en temas nucleares es entender lo que supone el cierre de las centrales analizando el coste financiero, la gestión de materiales peligrosos y de las necesidades tecnológicas, tanto si se trata de un cierre adelantado como de un cierre postergado de las centrales.
La ministra Ribera afirma desconocer dónde están ni cómo se gestionan los residuos radioactivos de las centrales nucleares
Durante su intervención, Ribera ha denunciado que a su llegada al Ministerio «no se encontró» con un plan nacional de seguridad de residuos por lo que se está incumpliendo una obligación europea de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares, y ha subrayado que, en la actualidad, no se sabe cuántos hay y dónde y cómo se gestionan.
A su juicio es un poco «simplista» pensar que se puede hacer una estimación razonable de los costes que tiene cerrar las centrales y ha abogado por un escenario donde predomine un análisis más profundo para dar una respuesta coherente al respecto.
Durante las respuesta ha señalado que el anterior Ejecutivo dejó «más bien poco» excepto algunas disposiciones normativas importantes con un calendario que poco a poco «se nos echa encima».