Responsabilidad patrimonial de la Administración. Estas son las malditas palabras que aparecen en contratos públicos y que suponen un blindaje de las empresas privadas a la hora de adjudicarse obra pública.
Fomento acaba de perder el pleito con Abertis, aunque tiene aún la carta del Supremo, para evitar el pago de 1.496 millones de euros. Pero no solo es este pleito al que tiene que hacer frente. Hay otro por valor de 800 millones también con la concesionaria de infraestructuras y un acumulado de 5.000 millones, según afirma la patronal Seopan, una cifra que Fomento rebaja a los 3.000 millones.
En caso de que Fomento pierda todos estos pulsos judiciales, los españoles tendrían que hacer frente a una suma de 7.300 millones de euros, una cantidad que supone un duro revés a las cuentas públicas. Fomento se ha convertido así en el Ministerio que mayor gasto de adjudicaciones ha realizado durante la última década a convertirse en un foco de problemas que están acabando en los tribunales. Todo por la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado, el blindaje para atraer empresas a las inversiones.
Cabe recordar que la mayoría de estos problemas judiciales se iniciaron con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos ministros de Fomento eran Magdalena Álvarez y José Blanco. Ahora es el Ejecutivo del PP quien está cosechando esta nefasta gestión anterior, con Íñigo de la Serna como principal responsable.
Según el diario, los socialistas de Zapatero realizaron un equilibrio en las concesiones de autopistas con préstamos participativos y cuentas de compensación para cubrir los gastos de las expropiaciones y el desplome del tráfico en las autopistas de peaje. El invento de Magdalena Álvarez fue un rotundo fracaso y ha terminado con 8 autopistas de peaje en liquidación, con una deuda cercana a los 4.500 millones y garantías multimillonarias ante la reversión de las concesiones (responsabilidad patrimonial de la Administración o RPA).
Según las cifras del Ministerio, recogidas por Cinco Días, solo en carreteras se podrían alcanzar indemnizaciones por valor de más de 6.000 millones de euros. En caso de impago o de realizar quitas, el Gobierno se expone a trasladar un mensaje negativo a inversores internacionales, como la inseguridad jurídica y la propia credibilidad de España.
La estiba, el problema menor de Fomento
A este problema hay que sumar también la guerra en la estiba, que podría costar a España otros 21 millones derivados de la multa de Bruselas y otros 134.000 euros diarios desde la aprobación del decreto ley, que se derogará este mismo jueves si no hay acuerdo entre Gobierno, estibadores y patronal.
La patronal de las constructoras y operadoras de autopistas, Seopan, calcula que la citada RPA, pignorada por las operadoras para garantizar la financiación que ayudó a construir esas carreteras, supera los 5.000 millones, mientras Fomento baraja cifras por debajo de los 3.000 millones. La negociación entre acreedores y Gobierno en busca de un rescate ordenado está paralizada en espera de una solución en el caso de la estiba.
También hay que sumar el multazo a Renfe por parte de Competencia, un montante de 65 millones de euros por impedir la competencia en mercancías.
Asimismo, hay que sumar el caso de TP Ferro, concesionaria del túnel ferroviario de Los Pirineos. Las constructoras ACS y la francesa Eiffage exigen el pago de 450 millones.