TP Ferro, la sociedad que gestiona la línea de alta velocidad entre Figueras y Perpiñán, gestionada al 50% entre las grandes constructoras ACS y Eiffage han tenido que dar por finalizada la empresa tras no poder alcanzar un acuerdo para refinanciar la deuda. El Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Ana Pastor, aseguró que no habría rescate, por lo que ACS y Eiffage reclamaron 500 millones de euros. Ahora bien, las bajas cifras mostradas por Adif han abierto la puerta a una indenmización, y Fomento ya ha admitido esta posibilidad.
El ministro de Justicia y Fomento, Rafael Catalá, aseguró que «estamos en el análisis de los costes, en la valoración de la responsabilidad patrimonial derivada y si no tiene viabilidad habrá que rescatar la concesión, que quedaría en manos públicas». «Si se llegaba a un punto de estas características, las dos administraciones, la española y la francesa, tendríamos la responsabilidad patrimonial, que es el rescate; y habría que indemnizar al concesionario por las inversiones hechas y no recuperadas», continuaba.
Las dos constructoras llevaron a cabo la construcción, gestión y mantenimiento de la infraestructura, así cobraban un peaje a Adif por cada tren de pasajeros o mercancías que circulara por los túneles. No obstante, las expectativas de Adif no se cumplieron al transitar menos trenes de los estimados en el proyecto debido principalmente a la falta de viajeros.
Los túneles serán ahora gestionados por Adif y por la francesa SNCF Rèseau, por lo que hay un pacto entre Francia y España. En ese mismo acuerdo, se estipula que los trabajadores de TP Ferro pasen a formar parte de la plantilla de ambas empresas públicas, cerca de 75 trabajadores.
TP Ferro cobra un peaje por cada tren de alta velocidad que usa el túnel del Pertús, ya sea un tren de mercancías o de pasajeros, pero los ingresos obtenidos han resultado muy inferiores a lo previsto inicialmente.