La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de fomento, ha iniciado la licitación para elaborar los informes de auditoría -«due diligence»- y legales de las nueve autopistas de peaje en quiebra.
Se trata así del primer paso para reprivatizar estas carreteras, cuyo coste al contribuyente es de 2.000 millones de euros, según las cuentas del Gobierno, aunque están muy alejadas de los números de la patronal de las constructoras.
Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta auditoría forma parte de los estudios previos necesarios para la relicitación de dichas autopistas que está previsto que reviertan al Estado el próximo año y que posteriormente vuelvan al mercado a través de una nueva licitación.
Los contratos licitados previamente incluían la elaboración de un estudio de demanda, de diferentes esquemas tarifarios y de un estudio de viabilidad económico-financiera de las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, de la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-41 (Madrid-Toledo), AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.
Estas autopistas pasarán a ser explotadas por Seittsa entre enero y abril del próximo año y con los ingresos que se logren mediante su relicitación el Ejecutivo prevé compensar en parte el impacto que tendrá el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, unos 2.000 millones, según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas este mismo mes de octubre.
La cifra admitida ya por el Gobierno contradice las declaraciones del Ejecutivo sobre el rescate de las autopistas. La ex ministra de Fomento y presidenta del Congreso, Ana Pastor, aseguró en 2013 que “la solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano”. No obstante, el pago de esos 2.000 millones se realizará una vez liquidadas las autopistas de peaje en quiebra, y que se prevé que reviertan al Estado entre enero y abril de 2018. Esta partida correrá a cargo de los Presupuestos del próximo año, según el documento remitido por el Gobierno a Bruselas en la noche de este pasado lunes. El pago se abonará una vez se inicie el próximo ejercicio. “Se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros”, asegura el Gobierno de Mariano Rajoy a Bruselas.
Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.