Los sindicatos de los estibadores y la patronal del sector, Anesco, han alcanzado un principio de acuerdo para la subrogación con rango de ley de los empleos en el proceso de liberalización del sector.
La propuesta ha sido rechazada de forma tajante por el Ministerio de Fomento, dirigido por Íñigo de la Serna. En la reunión estaba presente el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, con el fin de lograr una acuerdo que permita la liberalización del sector. En ese acuerdo los estibadores están dispuestos a bajarse el sueldo un 10% para quienes cobren más de 2.230 euros mensuales. Esta rebaja es casi el doble de la propuesta inicialmente por los sindicatos, que habían planteado cobrar un 6% menos.
El líder de los sindicalistas de la estiba, Antolín Goya, ha considerado que cumplen con su parte en las negociaciones, al exigir la subrogación con rango de ley, pero el Ejecutivo muestra su rechazo ya que se incumple la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que impide subrogar puestos de trabajo por ley.
Los sindicatos lo exigen por ley ya que parte de las empresas de la estiba se oponen a la subrogación del 100% de la plantilla, por lo que no se puede garantizar ni mucho menos el 100% del empleo actual, como sí aseguraba el Gobierno, que pide que la subrogación sea parte del contrato privado y nunca por ley. Asimismo, serían «todos los españoles» quienes pagaran la diferencia salarial entre los nuevos contratos y los antiguos. La patronal ya ha lamentado este revés del Gobierno.
Goya ha explicado que en la mesa se han planteado fórmulas para garantizar un ajuste óptimo de las plantillas mediante jubilaciones incentivadas y ha insistido en la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo, compuesta por tres representantes del Gobierno, tres de la patronal y tres de los sindicatos.
