La firma de abogados Hagens Berman, especializada en demandas colectivas, ha presentado una querella contra General Motors (GM) por instalar en sus camionetas diésel software para ocultar sus emisiones.
El bufete de abogados compara este caso con el de Volkswagen y afirma que la automovilística ocultó ante las autoridades y consumidores las emisiones reales de dióxido de nitrógeno de sus motores diésel.
Según los abogados, General Motors trucó los motores de unas 705.000 camionetas equipadas con motores diésel Duramax con la ayuda de la firma alemana Bosch, que diseñó y produjo la unidad de control electrónico.
GM negó rotundamente las acusaciones de la firma de abogados que también presentó una demanda colectiva contra VW en nombre de los conductores afectados por el trucaje de los motores diésel del fabricante alemán.
GM dijo en un comunicado que «estas acusaciones son infundadas y nos defenderemos con contundencia. (Los modelos) Chevrolet Silverado y GMC Sierra Duramax diésel cumplen con todas las regulaciones de emisiones» de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las autoridades medioambientales de California.
Por su parte, Hagens Berman dijo en su demanda colectiva que GM trucó las camionetas «para aumentar la potencia y eficiencia» de los vehículos, ocultando que en «condiciones reales» emiten de dos a cinco veces más dióxidos de nitrógeno que lo permitido por la ley. La querella, que también señala a Bosch como acusada, fue presentada hoy ante el Tribunal del Distrito Oriental de Michigan, en Detroit.
Hagens Berman alega que GM colocó un catalizador denominado «Selective Catalytic Reduction» o SCR delante del filtro de partículas diésel (DPF), una posición que la firma dijo es inversa a lo habitual.
Con esta disposición, «GM podría obtener y comercializar potencia y eficiencia superiores al mismo tiempo que superaría las pruebas de certificación de emisiones en encendido en frío. Esto hizo que las camionetas de GM fuesen más atractivas y competitivas, aumentando las ventas y beneficios«. Pero ello también obligó a GM, según la firma de abogados, a instalar «aparatos de trucaje» para controlar las emisiones contaminantes durante pruebas.
