La nuclear de Garoña (Burgos) no podrá volver a funcionar y conectarse a la red, una vez que el Gobierno ha acordado denegar la autorización de funcionamiento.
El coste del cierre de Garoña se estima en 600 millones de euros, 500 de los cuales los soportarán los españoles a través de la pública Enresa, y solo otros 100 pesarán sobre el balance de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola al 50%.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha explicado la decisión en conferencia de prensa sobre el futuro de la explotación de la central nuclear de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), en situación de parada segura desde diciembre de 2012.
Nadal ha argumentado que las inversiones son muy significativas, que se trata de la planta más antigua en operación y que su aporte al sistema energético es poco significativo. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en su informe de febrero dejó «muy claro» que Garoña estaría en condiciones técnicas de funcionar con plenos requisitos de seguridad si se hicieran en ella una serie de inversiones que serían perfectamente realizables
Según Nadal, la decisión de no renovar la autorización se ha tomado «viendo el contexto de clara oposición política» y teniendo en cuenta que las empresas han querido utilizar este tema como «elemento de presión» para cambiar la regulación.
El ministro ha dicho que las empresas decidieron cerrar la planta en 2012, un año antes de agotarse la autorización anterior, como reacción a la creación de una tasa nuclear.
La nuclear es propiedad de Nuclenor, participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola
En la Junta de Accionistas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya aseguró que Garoña es «inviable» económicamente. Endesa, por su parte, exigió dar un tiempo al Gobierno por si lloviera una bajada de impuestos o una indemnización sustancial para paliar costes.
Sánchez Galán argumentó que la empresa que opera Garoña, Nuclenor, lleva varios ejercicios con «pérdidas cuantiosas» por lo que espera «llegar a un acuerdo con su socio» para poder cerrar definitivamente la planta, que está en situación de parada segura desde diciembre de 2012, de ahí sus pérdidas.
Quedar en manos de las energías renovables sólo controladas por las eléctricas, y no por los usuarios, como es el caso del autoconsumo, no hará nada más que disparar el precio de la luz en condiciones meteorológicas adversas, como ya sucedió el pasado mes de enero. De hecho, Iberdrola que sacó una ‘factura verde’ para aquellos que sólo querían consumir energía con fuentes renovables tuvo que desistir de ello ante la falta de interés de sus clientes por el alto precio que había que pagar.
Desde el cierre en 2012, Iberdrola ha perdido cerca de 330 millones con Garoña.
