El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha indicado que el Gobierno tiene que autorizar las posibles operaciones que afecten al cambio de propiedad en las concesionarias de autopistas y en Hispasat, controlada por Abertis, sobre la que la italiana Atlantia acaba de presentar una opa.
Quiere evitarse así otro ‘caso Endesa’, uno de los escándalos más recientes de la política económica de España.
La empresa pública italiana Enel, accionista mayoritario de Endesa, llegó a España de la mano del PSOE de Zapatero. Sus dos ministros de Economía, Pedro Solbes y Elena Salgado acabaron trabajando para ella tras su salida del Gobierno. Endesa era la principal eléctrica española y había sido privatizada años antes por una decisión del Ejecutivo Aznar. Al final de largas negociaciones, el Gobierno de Zapatero dio el visto bueno y la compañía terminó en manos del Estado italiano por 40.000 millones de euros.
El Gobierno actual por fin ha reconocido y acusado a Enel de favorecer a Italia «a costa de los trabajadores y consumidores españoles. Enel incrementó su beneficio un 4,7%, hasta los 983 millones de euros por un aumento de ingresos, provenientes sobre todo de España a través de la eléctrica presidida por Borja Prado.
Las cuentas reflejan cómo Enel se aprovecha de Endesa, cuyos beneficios vienen principalmente de empresas y consumidores españoles.
La sede no saldrá de España
Según fuentes consultadas por El Confidencial Digital, entre las exigencias que ha puesto sobre la mesa destaca que Abertis no puede abandonar su sede en Barcelona. También se ha reclamado que la compañía siga cotizando si la OPA no supera el 98% de aceptación y que se garantice el control de la gestión de las autopistas de España, Francia y Latinoamérica.
«Es necesaria la autorización por parte del Gobierno de la operación de Hispasat», donde Abertis tiene el 57,05% de las acciones, ha dicho el ministro en declaraciones a las medios tras el acto de puesta en servicio de la conexión de la carretera N-232 y la autovía LO-20 con la autopista AP-68 en Recajo, en las cercanías de Logroño.
De la Serna ha indicado que también hay que tener en cuenta la situación de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex, en la que Abertis controla el 34% del capital.
Las concesiones del Gobierno
En cuanto a las autopistas, ha afirmado que el Ejecutivo tiene que elaborar «un informe y una autorización» debido a la trasmisión de las «muchas» concesiones de autopistas que Abertis tiene en España.
Según ha explicado, «la titularidad de la concesión es del Gobierno de España» y los contratos contemplan que «en caso de absorción o de cambio accionarial en el concesionario, el Gobierno tendría que informar acerca de esa situación para autorizar esa transmisión».
El ministro de Fomento ha recordado que la operación tiene todavía un trámite «todavía largo» por delante y que es necesaria la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De la Serna ha recordado que el Gobierno ya ha trasladado que no habrá prórrogas en las concesiones de las autopistas en vigor y «la decisión que finalmente sobre las diferentes autopistas se haya de producir, se tendrá que producir en su momento por parte del Gobierno de España».
Las decisiones que adopte el Gobierno respecto a estos aspectos se adoptarán «siempre pensando, en primer lugar, en el interés general de los españoles», ha concluido.