El ministro de Economía, Luis de Guindos, minimiza el posible uso de información privilegiada en el Banco Popular, tal y como ha instado a investigar el BCE. Asimismo, ha evitado valorar la actuación del ex presidente del Popular, Emilio Saracho.
El BCE instó a investigar a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas por sacar dinero del Popular justo antes de la resolución. Según De Guindos, estos movimientos no sirvieron «de nada», ya que ningún depositante, ni los que sacaron su dinero ni los que no, ha salido perjudicado. No obstante, el propio BCE admitió en su informe para justificar la intervención que fue la retirada de liquidez la que precipitó la liquidación de la entidad financiera.
Durante su intervención en un curso sobre economía digital organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el ministro de Economía ha respondido así a las declaraciones la presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy.
La funcionaria instó España a investigar las salidas de capital realizadas la víspera de la resolución del Banco Popular por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, sobre lo que De Guindos ha destacado que la retirada de depósitos fue efectuada tanto por inversores mayoristas e institucionales como minoristas, algo que ha recalcado.
Ayuntamientos y CC AA, así como empresas públicas vinculadas al Ministerio de Fomento sacaron importantes cantidades de dinero del Popular. Canarias, en concreto, exigió el reembolso de más de 630 millones de euros. Fue esta retirada de liquidez, cifrada en 18.000 millones de euros, la que provocó que el Popular no pudiera responder a la demanda de los clientes. La operación se ha podido llevar a cabo porque existía un mecanismo -el de resolución- que lo contemplaba, pero también porque «hubo un comprador» que estaba interesado, ha desvelado, algo que no hubiera sido posible en 2012.
De Guindos ha señalado que fue la salida de depósitos lo que desencadenó la intervención, pero no sólo por parte de inversores institucionales, que se mueven en gran medida por las calificaciones de las agencias de rating –que llevaban tiempo rebajando sus notas al Popular-, sino por parte de pequeños inversores.
Y hubo, ha recordado, una relación estrecha entre la cotización de las acciones del banco y la retirada de depósitos; la operación ha resultado «dolorosa», ha admitido, por las pérdidas que ha supuesto para los accionistas y tenedores de deuda, pero en todo momento ha querido destacar no sólo que la resolución se ha efectuado sin aportar ayudas públicas sino que los depositantes no sufrieron minusvalías ni deterioros. Lo importante, ha reiterado, es que aquellos que sacaron sus depósitos antes de la liquidación no tuvieron ventaja alguna respecto de los que los dejaron en el banco.
De Guindos ha valorado las herramientas de las que se ha dotado la Unión Europea para hacer frente a situaciones críticas de entidades financieras, y en concreto ha dicho que «un instrumento de resolución es imprescindible para que el sistema funcione mejor»; en el caso del Popular, ha señalado, funcionó «porque había un comprador» -algo impensable en 2012-y que en buena parte obedece a la buena marcha de la economía española, que «crece al 3 % y donde ya puede verse una cierta recuperación del mercado inmobiliario».