Los trabajadores de Eulen han decidido en asamblea mantener la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas a partir de las cero horas de este lunes, en los controles de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, y el Gobierno ya ha iniciado los trámites para el laudo arbitral obligatorio.
En concreto, 187 trabajadores de Eulen sobre un total de cerca de 400 han participado en la votación de la propuesta de mediación de la Generalitat, que ha arrojado el siguiente resultado: 150 votos en contra de la propuesta -que preveía una subida de 200 euros mensuales en doce pagas-, 36 a favor y un voto nulo.
El pasado jueves votaron 176 trabajadores -once menos- en la primera asamblea, en la que además de la propuesta de mediación también se valoraron otras tres que no habían sido consensuadas.
En esa ocasión venció la propuesta de aumento de la retribución a los trabajadores en 250 euros mensuales en 15 pagas, mientras que la oferta de mediación de la Generalitat solo obtuvo dos votos.
La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha dicho que la mediación del Gobierno catalán en el conflicto ha terminado y ha señalado que ahora les corresponde negociar a «las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores.
La Delegación del Gobierno en Cataluña ha decretado unos servicios mínimos del 90 por ciento para la huelga, para «garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales».
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha criticado la «postura muy inmovilista» del comité de huelga y el rechazo a una propuesta «razonable», por lo que ya ha iniciado los trámites para el laudo arbitral.
De la Serna, que ha comparecido en Santander tras conocer el rechazo de la plantilla a la oferta mediadora, ha dicho que la propuesta que saldrá de ese laudo será vinculante para todas las partes. Ha subrayado que el Gobierno no está dispuesto a que «la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el aeropuerto del Prat».
El Gobierno envía a la Guardia Civil
El ministro ha reiterado que, ante el «evidente» problema de seguridad y de orden público que se puede producir en El Prat con la huelga indefinida, ya se ha puesto en marcha el dispositivo para reforzar los controles del aeropuerto con efectivos de la Guardia Civil.
Las colas en los controles de seguridad de El Prat se han reducido hoy a las de un día normal en agosto, pese a la huelga indefinida de los empleados de Eulen, ante el refuerzo de la Guardia Civil, que participa de forma activa en tareas como la revisión de equipajes y control del arco de metales.
Los agentes del instituto armado están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no sólo de vigilancia, como solían hacer antes de los paros, según se aprecia esta mañana en la Terminal 1 del aeropuerto.
La presencia de más efectivos policiales y el hecho de que los servicios mínimos dictados por la Delegación del Gobierno sean del 90% está redundando a primera hora de la mañana de hoy en colas de pasajeros mucho menores a las de otros días de paros parciales.
Eulen también se queja de la presencia de la Guardia Civil
Según ha asegurado el asesor del comité de huelga Juan Carlos Giménez, la «convivencia» entre los empleados de Eulen y los agentes de la Guardia Civil en El Prat es «muy mala».
A la sobrecarga de trabajo que soportan especialmente las trabajadoras de Eulen en los controles de seguridad, ha señalado Giménez, se suma ahora la «presión constante de la Guardia Civil», hasta el punto de que algunas de ellas han acabado «llorando».
El también abogado del comité de huelga Leopoldo García Quinteiro ha acusado a la Generalitat de atribuirse una función de «arbitraje» que no le corresponde y ha denunciado la «arrogancia» del ministro De la Serna, «absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático» al «amenazar» con el laudo arbitral.
A su juicio, «no se dan las condiciones» para un arbitraje obligatorio «mientras no se quiebren los servicios mínimos», fijados en un 90%, un porcentaje que ha calificado de «abusivo».
«La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga», ha denunciado García Quinteiro, que ha advertido de que pretender «sustituir» a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil «sería absolutamente ilegal».
