Iberdrola tiene varios juicios e investigaciones abiertas en el Supremo y otras instancias judiciales, como la Audiencia Nacional, por sus líos en Comunidades Autónomas y la compra de acciones en la OPV de Bankia.
En Galicia, Anticorrupción ha señalado a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez-Galán por una presunta manipulación en el precio de la luz durante diciembre 2013. El precio de la luz se disparó entonces a máximos históricos y tuvo como consecuencia una multa de 25 millones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, esta sanción solo tuvo consecuencias administrativas. Ahora, por primera vez, Anticorrupción actúa en la vía penal contra varios altos cargos de Iberdrola Generación por alterar, según esta Fiscalía, los precios de la luz e incrementar la factura de los consumidores.
Asimismo, otro de los casos que salpica a Iberdrola se ha producido en Castilla y León, donde la eléctrica habría obtenido parques eólicos presuntamente mediante el pago de comisiones por un montante de 80 millones de euros. La querella va contra Rafael Delgado, alto cargo autonómico, y directivos de Iberdrola y de Collosa, entre otros. Entre otras, se investiga si Iberdrola concedió «sin lógica empresarial» 47 millones a un ex alto cargo.
Según Anticorrupción, Iberdrola pagó “sin lógica empresarial” un total de 47 millones a Alberto Esgueva, un ex alto cargo, a través de la sociedad San Cayetano Wind. La querella de Anticorrupción se produce justo después de que Juan Vicente Herrera declinase repetir en el cargo como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En un primer momento Hacienda contabilizó unos 110 millones, pero finalmente se han quedado fuera de este caso dos operaciones, una de ellas con la implicación de Endesa.
Por otro lado, el Supremo ha dado recientemente un revés a la empresa eléctrica por una sanción de la CNMC por competencia desleal. En concreto se debe al trasvase de 268.000 clientes acogidos al mercado regulado a una tarifa del mercado libre. Iberdrola fue multada con 5,3 millones frente 10,6 millones.
Iberdrola también recibió otro varapalo del Supremo por ocultar información sobre los cortes de luz entre 2011 y 2012 en la Comunidad de Madrid. Iberdrola no facilitó los procedimientos que siguió en Comunidad de Madrid para cortar la luz en 2010 a clientes acogidos a la tarifa de último recurso, actual PVPC. Tras las quejas y denuncias de varios de estos clientes a los que se les había cortado el suministro, Madrid multó entonces a Iberdrola con 600.000 euros por “clara y grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de remisión de información”. Y es que, la eléctrica tampoco restablecía el suministro pese a que se le abonó la cantidad adeudada.
Asimismo, el cálculo de la tarifa eléctrica también está en manos del Supremo. Las grandes eléctricas recurrieron el decreto que modifica la metodología del cálculo de los precios para el pequeño consumidor y su régimen de contratación ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
La Junta de Castilla y León planteó la posibilidad de establecer un impuesto que obligase a Endesa y a Iberdrola compensar por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). De momento no se ha avanzado más sobre esta cuestión, aunque los técnicos de Gestha ya avisaron de que gravar el cierre de Garoña sería inconstitucional, puesto que no es “viable” poner un tributo a una empresa que va a cerrar. Podría ser otra batalla ganada.
