Industria oculta los motivos de los permisos de investigación a Repsol

El Defensor del Pueblo investigará por qué Industria no ha facilitado los expedientes de los permisos de investigación  que han solicitado tres petroleras, entre las que están Repsol y Cepsa.
Según la ONG Alianza Mar Blava, el Ministerio de Industria oculta estos en el Mediterráneo y ha denunciado «la mala administración del antiguo Ministerio de Industria, Energía y Turismo» y a «la situación de indefensión generada, al no haber atendido el actual Ministerio su derecho a ser reconocida como interesada en los expedientes de los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Nordeste’, en el golfo de León, y ‘Medusa’, en las costas de Tarragona».
Entre las doce solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos (PIH) llamados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, pedidos por Cairn Energy en el golfo de León, así como del PIH ‘Medusa’ solicitado por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., CNWL Oil España, S.A., Petroleum Oil & Gas España, S.A. y CEPSA E.P., España S.L. en la zona colindante por el sur con el área “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona.
Todos estos permisos están actualmente pendientes de la decisión del nuevo Ministerio de Industria para su «adjudicación al mejor postor». Actualmente se desconoce la situación actual de estos permisos ya que Energía no ha aceptado la solicitud de personación en estos expedientes ni del Gobierno de Baleares ni de la citada ONG, pese a pedirlo hace nueve meses.
El Ministerio de Industria ni ha dado acceso a la información solicitada ni ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado por la Alianza contra la desestimación de su solicitud.
De esta forma, la ONG ha llevado el caso al Defensor del Pueblo por una «mala administración». En concreto, la queja se dirige contra la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía, y contra la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.
Asimismo, el escrito también se ha presentado ante la Unidad de Quejas y Sugerencias de Industria, regulado por un marco legal «para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, para tratar de satisfacer el compromiso de la Administración, de lograr efectivamente la mejora de los servicios públicos atendiendo a las demandas de los ciudadanos». Así, recoge «el procedimiento de Quejas y Sugerencias es de aplicación exclusivamente a las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados por el Ministerio».
Según denuncia la ONG, la Subdirección General de Hidrocarburos exige una serie de duras condiciones para justificar su negativa, con una restrictiva interpretación de la condición de interesado en los expedientes de solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos al limitarla, según su interpretación de la Ley del Sector de Hidrocarburos, sólo «a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso». De esta forma, solo podrían acceder las empresas interesadas en las prospecciones, y no quienes se oponen a las mismas.
Además, la Subdirección General de Hidrocarburos hace caso omiso de la jurisprudencia creada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya rechazó esta interpretación restrictiva en su sentencia de 18 de junio de 2008 en favor de Lanzarote, al que aseguró que tiene «una clara condición de interesado en el tema a que se contrae su petición, sin que esta posición afecte en modo alguno quien sea el autorizado para las investigaciones [de hidrocarburos] denominadas Canarias 1 a Canarias 9, pues independientemente de quien fuera el autorizado, el Cabildo seguiría teniendo un interés en el tema por su propia naturaleza y competencias».