Bruselas no hace honor a la transparencia que se exige a las instituciones. Ha pasado más de un mes desde la resolución de Banco Popular y aún hay documentos ‘secretos’ a un mes de que expire el plazo para poder iniciar demandas judiciales contra los organismos responsables de la caída del Popular.
Es un documento clave para las demandas judiciales, pues el BCE y la Junta Única de Resolución se basaron en él para liquidar a Banco Popular, que dejó a 305.000 accionistas sin su inversión, así como a los acreedores en deuda subordinada. El despacho de Cremades-Calvo Sotelo, en representación de la AEMEC, pidió oficialmente a Bruselas el informe, aunque esta institución no tiene por qué facilitarlo y tan solo tiene 15 días para dar una respuesta, un plazo al que apenas queda una semana para que expire.
Asimismo, los demandantes que apunten a los organismos europeos tienen tan solo un mes para hacerlo, ya que el plazo estipulado es de solo dos meses desde la resolución de Banco Popular.
Tanto Bruselas como el Frob europeo no dan a conocer este estudio que se realizó de urgencia. En un primer momento tan sólo se filtraron los posibles agujeros a los que se enfrentaría Banco Popular en dos posibles escenarios: uno neutral y el peor posible. Los números arrojaban una valoración de entre -2.000 y 8.200 millones, respectivamente. No obstante, había una tercera valoración, la de +1.500 millones de euros en un escenario más optimista, y a ésta se aferran ahora los accionistas de la entidad financiera para exigir legalmente responsabilidades. De hecho, Bruselas ya ha avisado a España que vigile a Banco Popular, ahora en manos de Banco Santander, por el riesgo de estos litigios.
Ahora, más de un mes después de la resolución, Bruselas continúa guardando silencio. La Junta Única de Resolución se basó en el mismo para ordenar la resolución del banco y venderlo después al Santander por un euro. De esta forma, en caso de ir contra el Frob y que los jueces dieran la razón a los accionistas que han perdido todo por la histórica y polémica medida adoptada podrían ser los contribuyentes quienes hicieran frente a las indemnizaciones, ya que Banco Santander respondería de forma subsidiaria en caso de una condena únicamente sobre Banco Popular.
El Frob español, cuyo máximo responsable es el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, ocultó también la tercera valoración, filtrada a la prensa a través de eurodiputados que habían tenido acceso al informe. Este organismo tan solo desveló dos cifras ante dos escenarios de Banco Popular: -2.000 millones en un escenario central y -8.000 millones en el peor escenario posible. De la tercera valoración, ni rastro, y eso que era muy similar a la capitalización bursátil de Popular en su útlima cotización
Por ahora, el Ministerio de Economía de Luis de Guindos se ha limitado a pedir que se haga público el informe, donde el riesgo por litigios es de 4.000 millones de euros.