Repsol ha recibido la inspección por los ejercicios entre 2010 y 2013. Se han firmado actas de conformidad y con acuerdo por el Impuesto de Sociedades (parciales), IVA, y retenciones a cuenta del IRPF.
La petrolera ha afirmado que estas inspecciones no han tenido un impacto material en los estados financieros. No obstante, las actuaciones aún no han concluido y se encuentran pendientes de resolución otras actuaciones correspondientes al Impuesto de Sociedades, según ha afirmado la compañía presidida por Antoni Brufau y Jon Josu Imaz.
Sobre los litigios relativos a sanciones derivadas de las actuaciones de comprobación sobre Sociedades entre los ejercicios de 1998 a 2001 y de 2002 a 2005, los Tribunales las han anulado en su «mayor parte».
Resolución desfavorable en Brasil por retenciones entre 2009 y 2011
Asimismo, las actas de infracción en Brasil por retenciones correspondientes a los ejercicios 2009 y 2011 en pagos a empresas extranjeras por contratos de fletamento de embarcaciones de exploración y servicios relacionados con los bloques BM S-48 y BMC33, en los que Repsol Sinopec Brasil es operador, se ha recibido resolución desfavorable en segunda instancia administrativa federal. «La compañía continúa considerando que su actuación se ajusta a la práctica generalizada del sector y es conforme a Derecho, por lo que ha interpuesto un nuevo recurso», apunta la compañía.
En Timor Oriental, las actuaciones administrativas realizadas por la Administración de Timor Oriental ponen en duda la deducibilidad de ciertos gastos en el impuesto sobre beneficios de Repsol Oil & Gas Australia (JPDA 06-105) Pty Limited, dichas autoridades han desistido recientemente de sus pretensiones.
El riesgo de Repsol en Venezuela asciende a 2.181 millones de euros
Por otro lado, la exposición patrimonial de Repsol en Venezuela a 30 de junio asciende a unos 2.181 millones de euros, que incluyen fundamentalmente la financiación en dólares otorgada a las filiales venezolanas.
Así lo indica en un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, donde ha señalado un beneficio de 1.056 millones de euros en el primer semestre de 2017, un 65,3% más, gracias a los planes puestos en marcha por la petrolera para incrementar la eficiencia en el actual entorno de precios del crudo. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue en los primeros seis meses del año de 3.108 millones de euros, un 29% más que en el mismo periodo del año anterior.
Durante el periodo se ha producido una reforma del sistema de control de cambios que, en esencia, ha supuesto la sustitución del mecanismo de tipo de cambio SIMADI por un nuevo sistema de tipo de cambio flotante denominado DICOM. El mecanismo de funcionamiento del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM) entró en vigor el 19 de mayo con el Convenio Cambiario Nº 38, que establece: las Empresas Mixtas pueden vender dólares a través del mercado cambiario DICOM previa autorización del Ejecutivo Nacional y (ii) el tipo de cambio DICOM se establece mediante un sistema de subasta de divisas que se realiza dentro de un sistema de bandas que fija el
Banco Central de Venezuela. Conforme a ese tipo de cambio flotante, la divisa venezolana ha sufrido una fuerte devaluación en el periodo. La cotización a 31 de diciembre de 2016 era 674 bolívares por dólar y el DICOM a 30 de junio de 2017 ha sido 2.640 bolívares por dólar.
Según Repsol, «esta devaluación no ha tenido impactos significativos en los estados financieros de Repsol. Repsol mantiene el dólar como moneda funcional de la mayor parte de sus negocios de exploración y producción de hidrocarburos en Venezuela (principalmente desarrollados a través de sus inversiones contabilizadas por el método de la participación Cardón IV, S.A., Empresa Mixta Petroquiriquire, S.A. y Empresa Mixta Petrocarabobo, S.A.). En las compañías cuya moneda funcional es el bolívar (fundamentalmente Quiriquire Gas, S.A), Repsol utiliza para la elaboración de los estados financieros el tipo de cambio DICOM para la conversión de bolívares a euros», señala a la CNMV.
Libia, un país con inestabilidad política y sin Gobierno reconocido
La inestabilidad política continúa en el país sin que se haya formado un nuevo gobierno reconocido por todas las partes.
La producción en El Sharara se restableció el 20 de diciembre de 2016 en el bloque NC115 (campos A, M y H). El 4 de enero de 2017 se reinició la producción en el campo I/R (campo compartido entre los Bloques NC-186 y NC-115) y el 9 de mayo en NC-186. Repsol apunta que «debido a causas externas se han producido paradas intermitentes desde finales de marzo». Estas causas externas se debieron a que un grupo de trabajadores exigía el pago de atrasos. La protesta no fue como en España, con una huelga, sino con grupos armados que paralizaron la producción. De hecho, las cifras apuntan a una baja producción media en el primer semestre de 2017, hasta los 21.500 barriles equivalentes de petróleo diarios, mientras que alcanzó los 29.800 en el mes de Junio.
Los líos legales de Repsol continúan en Reino Unido y EE UU
En Reino Unido, Repsol está inmersa en un litigio por el oleoducto “Galley”. En junio de 2017 el Tribunal, a propuesta de las partes, ha aprobado la bifurcación del procedimiento en dos fases (responsabilidad y cobertura y, en su caso, valoración de los daños y pérdidas) y la celebración de la vista oral sobre las cuestiones a dilucidar en la primera fase en febrero de 2018 y durante un periodo aproximado de 10 días. El Tribunal decidirá próximamente sobre el calendario de la práctica de la prueba y actuaciones preparatorias de esta vista oral, entre otras cuestiones procedimentales.
En EE UU, el litigio se debe a la demanda por el Rio Passaic / Bahía de Newark. El 5 de abril de 2016 el juez decidió mantener en su integridad las recomendaciones de la Special Master, desestimando en su totalidad la demanda de Occidental Chemical Corporation (OCC) contra Repsol. Esta resolución es apelable. El 16 de junio de 2016 la Special
Master estimó la Motion for Summary Judgement presentada por Repsol respecto de su reclamación a OCC de los 65 millones de dólares abonados en el acuerdo con el Estado de Nueva Jersey.
El 30 de enero de 2017 OCC apeló la recomendación de la Special Master. El 17 de junio de 2016 Maxus presentó solicitud de quiebra ante el Tribunal Federal de Quiebras del Estado de Delaware, requiriendo, además, la suspensión del litigio principal, petición que deberá resolver el Tribunal. A fecha de aprobación de los presentes estados financieros el litigio principal sigue suspendido habiéndose reanudado la reclamación a OCC de los 65 millones de dólares.