El Gobierno permitirá a la banca contratar a las agencias consultoras más grandes del mundo para mediar con los afectados de las cláusulas suelo.
De esta forma, en vez de negociar directamente con el banco, se podrá realizar una mediación con KPMG, Deloitte, PwC y EY.
El Ejecutivo trata así de que la banca tenga alguna alternativa para evitar pagar íntegramente el dinero cobrado de más desde la firma del contrato hipotecario por las cláusulas abusivas, entre las que se encuentran las cláusulas suelo. En vez de abonar íntegramente el dinero a los clientes afectados, la banca tratará de ahorrarse el máximo dinero posible, más cuando las provisiones que se realizarán por la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la UE tendrán que estar en balance este mismo año, mermando así el beneficio.
En contra del criterio de juristas y abogados, el Gobierno concederá a la banca beneficios para tratar de rebajar la cuantía, estimada en 4.000 millones por el Banco de España, tras la sentencia contra las cláusulas suelo. Algunas entidades financieras, como Banco Sabadell, se han negado a pagar y afirma que continúa estableciendo las cláusulas suelo en sus contratos.
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Sisej, ve “inasumible” que desde el Gobierno se alienten soluciones sobre la devolución de las cláusulas suelo, “ajenas” a la Administración de Justicia, “cuando lo que se debería de procurar es su efectivo funcionamiento”.
Según publica este martes Cinco Días, el acuerdo extrajudicial que presentará el Gobierno ya con retraso la banca podrá contratar los servicios de las cuatro grandes auditoras para mediar con los hipotecados, una puerta abierta a evitar pagar lo efectivamente pagado de más. Todo ello para evitarse unos 1,5 millones de litigios judiciales.
No sería la primera vez que se contempla esta opción. El Gobierno ya facilitó esta mediación entre afectados y banca en el caso de las preferentes y deuda subordinada, debido también a la avalancha de demandas judiciales.
KPMG se encargó de los clientes afectados por las preferentes de Bankia; PwC, con los de Novagalicia; y EY se ocupó de los preferentistas de Catalunya Banc. No obstante, el encargo podría quedar muy grande solo para las cuatro auditoras, ya que la lista de bancos con cláusulas abusivas alcanza a cinco cotizados, a excepción de Bankinter y Santander.
El decreto del acuerdo extrajudicial entre banca y afectados se ha retrasado en dos ocasiones debido a la falta de acuerdo entre Gobierno y PSOE, cuyo voto favorable es imprescindible para convalidar el decreto en el Congreso de los Diputados.

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