El Tribunal Supremo ha confirmado este martes las penas de prisión de dos años de cárcel para cinco ex directivos de Novacaixagalicia, (NCG), entre ellos su ex copresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias.
Estas indemnizaciones fueron otorgadas ascendieron a 22 millones de euros y se cobraron tras modificar ellos mismos los contratos de la alta dirección en 2010, en un momento en el que se había iniciado la fusión bancaria que dio lugar a la entidad rescatada con 1.162 millones de euros públicos.
José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodriguez Estrada preparon los cambios en las prejubilaciones millonarias antes de que Novacaixagalicia prescindiera de sus servicios de forma inminente. A Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixa Nova, y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, han sido condenados también a dos años por ser «cooperadores necesarios» del delito.
Así, el Alto Tribunal ha rechazado el argumento de la defensa basado en la reforma del Código Penal introducida en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que impedía su condena por apropiación indebida.
A juicio del Supremo, la conducta de estos cinco ex directivos no ha sido despenalizada, ya que ellos mismos hicieron suyas las cantidades millonarias «a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de su facultades de administración«. En este sentido, el Supremo asegura que estos cinco ex directivos ejecutaron «inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal» y «meros excesos o abusos«.
Asimismo, el Supremo tilda de «desproporcionada» la pena de dos años de cárcel debido a la «exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas» de los cinco ex directivos de Novacaixagalicia. Para evitar subir las penas, el Supremo señala que no puede establecer nuevas condenas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los límites que impone el principio acusatorio. Pego mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán en 4 millones, y Rodríguez Estrada en 225.400 euros.
