De poco sirve tener uno de los países con más Sol de Europa si se ponen trabas sistemáticamente a la energía fotovoltaica. El caso de España en este sector es sangrante, más con el Gobierno respaldando a las grandes eléctricas.
La fotovoltaica en España es un sector de elevado riesgo, no porque no sea rentable, sino por la inseguridad jurídica generada por los diferentes Gobiernos, tanto de PP como de PSOE. El PP se ha propuesto ahora realizar subastas para incentivar su uso, pero el sector se muestra, más que prudente, desconfiado, tras cinco años en el dique seco.
El desarrollo de una de las energías limpias y renovables en España está bloqueado, pese a que las eléctricas aseguran que invierten dinero en el sector y realizan anuncios como que un Ayuntamiento o varios dispondrán de electricidad de origen 100% renovable. Anuncios de cara a la galería y que son tumbados con relativa facilidad cuando se realiza una comparación entre la potencia fotovoltaica instalada en otros países, como Reino Unido, que sin Sol supera a España en 37 veces la inversión en el sector.
España, a su vez, ha pasado del segundo país con mayor potencia instalada en 2008 al puesto once en tan solo menos de una década. Se ha visto superado por Reino Unido en 2016, con una potencia instalada de 2.063 MW de energía fotovoltaica frente a solo 55 de España, y eso que apenas tienen Sol. Pero también le supera Alemania o Francia en esta actividad energética. China lidera el ránking, seguido de Japón, otrora potencia nuclear mundial, con Alemania, EE UU, e India entre los siete primeros puestos. España queda fuera del top ten mundial.
La fotovoltaica en España muestra su declive por la normativa impuesta por el PP, al eliminar las ayudas a las instalaciones solares, creando inseguridad jurídica en el sector, que ya muestra su desconfianza por los próximos movimientos. Tampoco ha ayudado el impuesto al Sol, que ha dado un hachazo al autoconsumo, en contra de las directrices europeas, que exige a los países eliminar trabas para fomentar su utilización para empresas y familias.
Asimismo, el Gobierno no quiere que las familias puedan vender su exceso de producción al sistema, un dinero necesario para rebajar más rápidamente la amortización del coste de la instalación. Y es que, justo en el momento álgido para producir la energía, a media mañana y en la hora de comer, las familias están fuera de casa.
De esta forma, se está produciendo energía que no se puede almacenar y por tanto se debe regalar al sistema, por lo que se pierde una importante fuente de ingresos. Asimismo, se han reducido las primas a los huertos solares. Una serie de trabas que impiden a las familias poder desconectarse totalmente de la red, o al menos reducir de forma considerable su factura, mientras que las grandes eléctricas, como Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, continúan engordando sus beneficios.
Para tratar de maquillar estos datos, el Gobierno ha procedido a realizar al menos dos subastas para retribuir instalaciones renovables, pero ni mucho menos llegará un dinero adecuado para amortizar instalaciones. De hecho, Competencia ya ha advertido de que estas dos subastas no cubren ni la mitad de la instalación exigida en el plan 2015-2020.
Las subastas se adjudicarán a proyectos en función de la inversión y sus horas de producción, dando más prioridad a la eólica que a la fotovoltaica, precisamente justo en contra de las pretensiones de las familias, ya que la instalación más beneficiosa es la fotovoltaica, mientras que se da el apoyo a las grandes eléctricas, las que tienen capacidad de instalar molinos.