El cierre anunciado de dos térmicas y el riesgo de clausura de metalúrgicas y astilleros por problemas de competitividad muestran signos preocupantes en el sector industrial gallego, que languidece ante el reto del proceso de descarbonización de la economía y la mirada atónita del presidente de esa comunidad, Alberto Núñez Feijóo, que echa balones fuera y culpa al Gobierno central y a su caótica política energética.
El programado cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, entre las más contaminantes de España, ha sido anunciado por sus empresas explotadoras, Naturgy y Endesa, por el encarecimiento de los precios de compra de derechos de emisión de gases como el CO2, causantes del efecto invernadero.
Centrales térmicas, riesgo de clausura de metalúrgicas y astilleros por problemas de competitividad muestran signos preocupantes en el sector industrial gallego
A la clausura de esas plantas hay que añadir los problemas que atraviesan algunas industrias grandes consumidoras de energía como la aluminera en A Coruña que la multinacional estadounidense Alcoa vendió meses atrás al fondo de inversión helvético Parter. La planta de Alcoa que queda en Galicia, la de Cervo en Lugo, también corre peligro de cierre.
Ence, la gran papelera española fabricante de celulosa, también puede suprimir miles de puestos de trabajo directos e indirectos, si finalmente no se prorroga la concesión en la ría de Pontevedra, como así parece que va a suceder, tras el recurso que impusieron los ecologistas a la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy hasta 2073 que ahora el Ejecutivo de Sánchez ha rechazado defender en los tribunales.
El astillero Hijos de J. Barreras, el mayor de España de carácter privado, solicitó a principios de octubre en el juzgado de lo Mercantil 3 de Vigo el preconcurso de acreedores.
Con esta medida, si antes el juzgado, tras analizar la solicitud y comprobar que cumple todos los requisitos, la acepta, la empresa tendrá un plazo de tres meses en los que intentará llegar a acuerdos con los acreedores para evitar el concurso, que son principalmente trabajadores, una treintena de empresas auxiliares y la Seguridad Social. Otra empresa que se juega miles de puestos de trabajo en Galicia si no sale adelante del preconcurso.
Pero ahí más en el sector naval. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Vigo dictó el pasado julio el auto de liquidación que declaraba de forma oficial la disolución del astillero Vulcano, fundado en 1919, con una deuda de 200 millones de euros a la que no podía hacer frente. Los trabajadores de esta compañía acusan a la Xunta de Feijoó de dejarles en una situación de abandono y de no cumplir con los compromisos adquiridos con ellos hace un año.
Feijóo culpa al Gobierno central
La Xunta, que reclama prolongar la vida de las térmicas y abaratar la tarifa eléctrica a las industrias grandes consumidoras de energía, alega que las plantas de la metalúrgica Ferroatlántica o del astillero Vulcano podrían cerrar y extinguir centenares de puestos de trabajo sin ayuda del Gobierno central.
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, auguraba en septiembre de 2017 -un año antes del anuncio de Alcoa de la venta de dos de sus plantas en España- que en un plazo de diez años Galicia podría generar más de 10.000 puestos de trabajo vinculados a la «economía verde».
Ante un grupo de empresarios gallegos, Conde afirmó que «la economía verde es un elemento de competitividad» que, al margen de la producción de renovables, puede favorecer la llegada de nuevas inversiones.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un discurso ante el Parlamento de Galicia el pasado miércoles acusó al Gobierno central de sembrar el «caos» con sus políticas tendentes a acelerar la transición hacia energías alternativas.
La ministra de ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, a su vez, en una visita la pasada semana a Santiago de Compostela, consideró que «lo último que ayuda en estas ocasiones es la demagogia o echar la culpa a los demás».
Una comisión de expertos en energía presidida por el economista Jorge Sanz, ya abogaba hace año y medio por cerrar térmicas, en particular las más contaminantes, para corregir la «sobredimensión» de un 30 % de capacidad de generar energía en España, que contribuye a elevar el precios de la energía.
El catedrático de la Universidad de Vigo Xavier Labandeira indicó en una conversación telefónica con Efe que la descarbonización de la economía comportará «desmontar» empresas «sucias», generadoras de gases de efecto invernadero, para cumplir los compromisos fijados por la Unión Europea de cero emisiones de CO2 en 2050 y de reducir en 2013 más de la mitad de los generados en 1990.
Labandeira observó que en ese proceso será necesario «modular» para favorecer que las industrias «no se vayan a contaminar a otra parte», y que los empleos puedan adaptarse con formación a la producción de energías alternativas y a una economía verde.
Pero advirtió de que «evitar el dolor ahora» puede conllevar «mayor dolor en el futuro», y preconizó una colaboración entre administraciones públicas y en el ámbito público-privado para «evitar que un sector cargue con todo el peso», especialmente los trabajadores.
Deficiente inversión en investigación y desarrollo en Galicia
El cambio hacia una industrialización sostenible, exenta de energías fósiles y sin contaminación, hace temblar el sector industrial gallego, con una muy deficiente inversión en investigación y desarrollo y necesidad de un sobreesfuezo en formación de capital humano.
La falta de planificación y anticipación ante el reto de la descarbonización puede perturbar los dos principales propulsores de la industria gallega -el textil bajo escrutinio sobre su sostenibilidad, y el del automóvil, donde Citroën es clave para la economía de la comunidad, especialmente para Vigo, en plena fase de transformación, pero aún más el de la pesca, especialmente sensible al cambio climático.
