La Junta Única de Resolución (JUR), presidida por Elke König, no publicará el informe de Deloitte sobre Banco Popular hasta enero. Además, será una versión recortada, donde se habrán eliminado los supuestos folios con información confidencial.
El informe de Deloitte es clave, ya que en el mismo se basó la decisión de resolver la entidad financiera y venderla después al Santander por un euro. Además, no se divulgará hasta enero.
La JUR señaló que el proceso de redacción del documento para suprimir las partes consideradas confidenciales y seleccionar aquellas que pueden revelarse «está en marcha y, desafortunadamente, no estará completo hasta mediados de enero», en un comunicado emitido en la noche del jueves.
La presidenta del organismo, Elke König, había dicho en una comparecencia ante la Eurocámara a principios de mes que le gustaría publicar el informe antes de Navidad. El panel de apelación de la JUR –órgano interno independiente que gestiona quejas contra la Junta– pidió a la directiva en noviembre que hiciese públicas las partes no confidenciales tanto de este informe de valoración como del plan de resolución del Popular diseñado en 2016 y de la decisión de resolver el banco.
El panel respondió así a las reclamaciones planteadas por algunos inversores afectados por la resolución de la entidad, que supuso su venta al Banco Santander por el precio simbólico de un euro y conllevó pérdidas totales para accionistas y tenedores de deuda subordinada.
Una de las principales demandas de los afectados, que han recurrido la decisión de la JUR ante los tribunales europeos y españoles, es que publique el informe de Deloitte que otorgó una valoración negativa a la entidad de entre 2.000 y 8.200 millones de euros. Pero había un tercer escenario, donde se valoró al Popular con 1.500 millones positivos, una cifra que oficialmente no se ha divulgado, pero sí filtrado.
Hasta el momento, la Junta se había negado a hacerlo alegando que revelar los documentos podría poner en riesgo la estabilidad financiera o perjudicar a los intereses comerciales de la entidad, que sigue operando bajo el paraguas del Santander.
El panel de apelación confirmó que publicar ciertos documentos podría efectivamente suponer un problema para la estabilidad financiera, pero concluyó que otros elementos podrían ser revelados, entre otros motivos, porque ya han pasado varios meses desde la operación.