El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados para trasponer la directiva europea. De esta forma, las aseguradoras tendrán que aumentar la transparencia y sus normas de conducta para proteger a los asegurados.
La norma establece unos requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros, para evitar conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente.
Así, las compañías deben informar de todos los costes y gastos asociados, además de advertir sobre los riesgos ligados a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas, y proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento.
También se introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo.
El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes se pueden adquirir de forma separada, e indicar los correspondientes justificantes de costes y gastos de cada uno de ellos.
Los distribuidores deberán informar sobre las ofertas vinculadas y combinadas
Los distribuidores de seguros que diseñen sus propios productos para su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de aprobación para cada uno de ellos, así como de las modificaciones que puedan sufrir. También tendrán que identificar el mercado al que se destinan, con la que también se refuerza el régimen de infracciones y sanciones, ya que se establecen procedimientos específicos para canalizar las denuncias públicas frente a infracciones en materia de distribución de seguros y reaseguros.
«Con ello se fomenta la colaboración de los profesionales que trabajen en el sector, sin que ello implique riesgos laborales para los que comuniquen estas irregularidades», según Economía. Igualmente, se refuerzan los poderes de supervisión de las autoridades de los Estados miembros y se eleva de forma «notable», las sanciones actuales.
Por otro lado, la norma modifica la estructura del mercado de la distribución de seguros y reaseguros, fijando la tipología de distribuidores y los requisitos para acceder a esta actividad.
En total, afectará a más de 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de las Comunidades Autónomas, y a todas las entidades de seguros que distribuyan seguros directamente.
Así, se pasa a considerar como distribuidores de seguros y reaseguros, más allá de los mediadores tradicionales (agentes y corredores), a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, a los mediadores de seguros complementarios -entre los que se incluyen a los participantes en el mercado que distribuyen productos de seguros con carácter accesorio-, y a los comparadores de seguros.
En el caso de los operadores de banca-seguros, la entidad podrá poner su red de distribución a disposición de más de un operador de banca-seguros.
En cuanto a los requisitos para acceder a la actividad, se refuerzan los de profesionalidad y competencia de los mediadores de seguros y reaseguros, así como los de los empleados de aseguradoras que intervengan en la distribución de estos productos, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.