El Foro Nuclear manifiesta su perplejidad ante las declaraciones del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos de que las centrales nucleares están amortizadas y que disfrutan de “beneficios caídos del cielo”, ya que como demuestran los balances y cuentas de resultados auditados de las empresas propietarias de las centrales, conocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, que defiende que el margen de rentabilidad de las eléctricas es ‘de muy alto a altísimo», el inmovilizado pendiente de amortizar es superior a 5.500 millones de euros, con más de 3.000 millones de euros invertidos solo en los últimos 10 años.
En 2020, y como consecuencia de los bajos precios de la electricidad, las centrales nucleares tuvieron un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros, de acuerdo con el informe de PwC para Foro Nuclear, y unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Con el anteproyecto de Ley enviado al Congreso, dicho flujo de caja negativo se habría incrementado significativamente, al haber estado el precio de los derechos de emisión de CO2 en un promedio de 25 euros por tonelada.
Desde el año 2005, tomado como referencia en el anteproyecto de Ley, y hasta 2021, los tributos que soportan las instalaciones de generación nuclear se han incrementado en cerca de 20 euros/MWh, representando el 60% de sus ingresos en 2020.
Las centrales vienen solicitando reiteradamente una revisión de la elevadísima fiscalidad que soportan, y demandan una retribución ajustada pero razonable que haga viable una tecnología que es indispensable para la descarbonización de la generación de electricidad, contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El anteproyecto de Ley va en sentido contrario y aboca al parque nuclear al cierre.
Desde el acuerdo del cierre de nucleares, la presión fiscal se ha incrementado con nuevos impuestos autonómicos como el de Cataluña, con la extensión a todas las centrales de la tasa que financia el servicio de respuesta prestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como un 20% de subida de la tasa a pagar a la empresa pública Enresa
En relación con las explicaciones aportadas tras el Consejo de Ministros sobre el anteproyecto de Ley para compartir el beneficio del coste del CO2 entre todos los consumidores y reducir la factura, y en lo que respecta al sector nuclear, el Foro Nuclear apunta que cabe señalar lo siguiente:
1.- La producción eléctrica de origen nuclear es y viene siendo durante la última década la primera fuente de generación, aportando más de una quinta parte de la energía eléctrica consumida en España.
2.- Destaca su regularidad y fiabilidad como energía firme, aportando una gran estabilidad al sistema eléctrico.
3.- Como fuente no generadora de CO2 (un tercio de la generación eléctrica libre de emisiones en nuestro país), la energía nuclear es la que más contribuye a la descarbonización perseguida por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, cuyo principal objetivo -y el de toda la estrategia de energía y clima del Gobierno de España- es la descarbonización de la economía en el horizonte 2050, mediante una exigente reducción de las emisiones de CO2 para alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Unión Europea.
4.- Desde hace varios años –y a pesar de su excelente funcionamiento- el resultado financiero del parque nuclear se ha visto mermado, hasta el punto de haber funcionado a pérdidas durante gran parte de los últimos ejercicios en los que las ofertas que marcaban el precio marginal incluían el precio del CO2, unido a la excesiva presión fiscal que soporta. Este hecho se ha agravado en el ejercicio 2020, en el que no solo ha habido pérdidas, sino que se ha producido un flujo de caja operativo negativo.
5.- Adicionalmente, el contexto de mercado futuro le conduce a la quiebra técnica, con destrucción de caja acumulada de 2.400 millones de euros en los próximos diez ejercicios, y no permitirá recuperar las futuras inversiones por valor de 3.000 millones de euros.
6.- La amortización de las centrales nucleares no está concluida. Es más, desde ahora hasta el final de su funcionamiento es necesario invertir en torno a 3.000 M€ para mantener las unidades en óptimas condiciones de seguridad y fiabilidad.
7.- Desde 2005 el incremento de tasas e impuestos ha sido cercano a los 20 euros el MWh.
8.- Desde el acuerdo para el cierre ordenado del parque nuclear, la presión fiscal se ha incrementado con nuevos impuestos autonómicos como el de Cataluña, que grava la producción eléctrica de origen nuclear, y con la extensión a todas las centrales de la tasa que financia el servicio de respuesta prestado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
9.- Tras la firma de este acuerdo, la tasa Enresa se incrementó alrededor de un 20%.
10.- En el medio y largo plazo es de esperar que los precios en el mercado mayorista tenderán a la baja gran parte de las horas del año por la gran penetración de energías renovables con coste variable tendente a cero, llevando al precio marginal a valores muy inferiores a los actuales. Esta propuesta de anteproyecto de Ley parece una respuesta a una situación coyuntural de precios al alza que no se corresponde con la tendencia a medio y largo plazo mencionada anteriormente.
11.- Por todo lo planteado anteriormente, no se corresponde la asignación a la generación nuclear de los mal llamados “beneficios caídos del cielo”.
12.- El anteproyecto de Ley, las tasas, impuestos y tributos actuales y el contexto futuro de mercado incrementan la asfixia financiera del parque nuclear y lo abocan a su cese de actividad, lo que no solo afectaría a su aportación al sistema eléctrico sino, también, al mantenimiento de puestos de trabajo de alta cualificación, y pondría en peligro la viabilidad de empresas soporte de gran importancia en el sector industrial de nuestro país.
13.- Junto a ello, este anteproyecto conduce a una pérdida de competitividad de las centrales nucleares españolas frente a las de Francia como país limítrofe.
14.- Para evitarlo, es necesario establecer un régimen económico para el sector nuclear que garantice una retribución ajustada, pero suficiente, que permita el mantenimiento de la actividad y en particular su viabilidad económica hasta las fechas acordadas en el protocolo de cierre nuclear.