Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP Renovables y Viesgo, las cinco eléctricas más importantes de España, tratan de cazar adjudicaciones en la segunda y no menos polémica subasta de renovables.
En la primera subasta, que se adjudicó con una prima de cero euros, estas cinco eléctricas que forman la patronal Unesa se quedaron fuera de las adjudicaciones, pero vuelven a intentarlo ahora, más cuando los empresarios han denunciado que esta nueva operación se prima antes a la eólica que a la fotovoltaica, motivo por el que se quedarán fuera numerosas empresas, algunas de las cuales no acudirán a la misma, como previsiblemente Acciona o la cooperativa Som Energía.
Som Energía ha argumentado que la subasta beneficia a los proyectos más grandes frente a los pequeños, ya que las ofertas con más megavatios tendrán prioridad en el momento de la casación.
En la anterior puja, Forestalia, una pyme de Aragón, se llevó el gato al agua. Ahora se subastarán 2.000 MW de potencia con ampliación a 3.000 siempre y cuando se haya pujado a precios bajos. En esta subasta, la energía eólica primará sobre la fotovoltaica, motivo que ha encendido los ánimos de empresas pequeñas.
La Unión Española Fotovoltaica exigió al Supremo la anulación de la subasta al favorecer una fuente de energía renovable sobre otra. Como casi siempre, el Gobierno realizará el sistema del marginal, es decir, la oferta más baja marcará los precios de toda la subasta. Con esta medida se provoca una menor inversión, al tiempo que obliga a las grandes eléctricas a ajustar precios, aunque también favorece la aparición de proyectos temerarios, que no llegan a cubrir el coste a esos precios.
El problema de esta subasta es que se prima las horas de funcionamiento frente al rendimiento. De esta forma, la eólica obtiene la mayor puntuación al poder generar energía durante más tiempo frente a la fotovoltaica, que necesita Sol. Los proyectos deberán estar terminados antes de 2020, pero el problema es la propia inseguridad jurídica de España a la hora de pagarlos, como ya ocurrió con las renovables en la última reforma, y por el que España tiene 26 casos en los tribunales de arbitraje. La última palabra de la adjudicación es de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Las compañías que han pedido su inscripción en la subasta han tenido que presentar avales por valor de 60 euros el Kw, por lo que si una sola empresa busca hacerse con 2.000 kw necesita una inversión de 120.000 euros.