El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el que las empresas podrán decidir cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas.
De esta forma, las cotizadas en España no tendrán que pedir el voto de los accionistas para poder salir de Cataluña. Y es que, la mayoría de estatutos de empresas cotizadas pide al consejo proponer el cambio de sede y que sean los accionistas quienes tengan la última palabra.
El nuevo procedimiento se aplicará a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyan una «mención expresa» por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.
De acuerdo a una disposición transitoria del real decreto ley, existe esa mención cuando, tras la aprobación de la normativa, se cambien los estatutos para declarar «expresamente» que «el consejo no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social», ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Este real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional conlleva la agilización de los traslados, lo que llega en un momento en que numerosas empresas con sede en Cataluña han decidido o se están planteando cambiar su domicilio ante la deriva secesionista y la situación de inestabilidad.
Varias empresas se lo pidieron a De Guindos
De Guindos ha explicado que esta medida responde a la «petición» de «una serie de instancias empresariales«, según su Ministerio «ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional», en clara referencia a Cataluña.
Además, Economía justifica la «extraordinaria y urgente necesidad» de la medida para garantizar el principio de libertad de empresa y la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos.
«La decisión sigue siendo de la empresa», ha insistido el ministro, que ha añadido que esta modificación normativa ha sido «comentada» con otros grupos parlamentarios, en particular PSOE y Ciudadanos.
El Ejecutivo ya modificó la normativa en 2015 -también a instancias de grupos empresariales, según ha indicado De Guindos- para que los órganos de administración de las empresas pudieran decidir el cambio de domicilio salvo que sus estatutos exigieran el visto bueno de la junta de accionistas.
Banco Sabadell, que no recoge el paso por la junta en sus estatutos, acordó ayer cambiar su domicilio a Alicante y la normativa de hoy podría facilitar una decisión similar a CaixaBank, cuyo consejo se reúne para abordar este mismo motivo y que sí cuenta con la aprobación previa de la junta en sus estatutos.
El temor a una proclamación unilateral de independencia por parte de la Generalitat ha lastrado en los últimos días a las empresas catalanas en la bolsa, una situación que se ha revertido en el caso de las que ya han dicho que se marchan de esta comunidad.
