La macrodemanda por las participaciones preferentes de Caja Madrid interpuesta por la asociación de consumidores Adicae junto a 2.143 afectados se decidirá el próximo 14 de julio en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.
El titular del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha fijado para dentro de un mes la vista, que finalmente será en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla tras sufrir varios cambios de fecha por problemas de aforo en las salas, han informado
La asociación reclama un resarcimiento de carácter general y extendido para los afectados de lo que califica de «fraude masivo al ahorro» que ha sido gestionado de forma deficitaria desde las instituciones.
En esta ocasión, Adicae muestra su optimismo y confía en que la justicia adopte un fallo acorde con la jurisprudencia actual que permita poner remedio al problema por medio de una solución justa, colectiva e inmediata.
La vista tendrá lugar apenas una semana después de que expire el plazo para que los clientes que suscribieron estas participaciones o emisiones de deuda subordinada de la entidad puedan reclamar la cantidad invertida.
Dos meses después, en septiembre, se verá el juicio por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, que tendrá que aclarar si el uso que hicieron de ellas 65 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, fue o no irregular, comienza en septiembre tras dos años de diligencias.
El escándalo por el uso de las tarjetas fue detectado por la Fiscalía Anticorrupción en un informe, realizado en 2014 a instancias de la auditoría interna deBankia, en el que señalaba a los que habían dispuesto de unas tarjetas de crédito supuestamente opacas y sin soporte contractual.
Bankia-BFA y el FROB ejercen la acusación particular, en tanto que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), a la que representa el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, la acusación popular.
Anticorrupción pide 4,5 y 6 años de cárcel para Rato y Blesa, respectivamente, en tanto que el FROB y la propia Bankia solicitan entre 6 y 10 años de cárcel por posible administración desleal de los exmiembros del consejo.
La CIC, agrupación de asociaciones y sindicatos de las antiguas cajas que preside Gonzalo Postigo, solicita penas de cárcel de diez años para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, y de seis años para los otros 62 procesados.
A lo largo de la instrucción los acusados han expuesto ante el juez variados argumentos para defender su inocencia e intentar demostrar que el uso de las tarjetas no implica delito alguno.
Rato alegó que su uso era una práctica plenamente aceptada cuando accedió al cargo, incluida en su contrato y conocida por Hacienda y por los supervisores.
La entrega y el uso de dichas tarjetas por parte de consejeros y directivos era una práctica «notoria» en Caja Madrid, establecida antes de su llegada a la entidad y en la que el exvicepresidente no tuvo ninguna participación.
Blesa traslada a su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro, la puesta en marcha de este sistema, con el que se pretendía dignificar la función de los consejeros y compensar sus esfuerzos y dedicación.
Otros argumentos esgrimidos por los acusados han sido que se trataba de una remuneración en concepto de representación, y que en ningún caso se puede hablar de apropiación indebida porque era notoria la naturaleza retributiva de las tarjetas, así como el control mensual de los gastos tanto por parte de Caja Madrid como de Bankia.
Nada de esto ha convencido al juez, que ha rechazado todos los recursos presentados por los investigados y que en el auto de apertura de juicio oral señaló que existen indicios «meridianamente claros» del uso delictivo dado a las tarjetas.
Durante dos días, 23 y 26 de septiembre, las partes formularán sus cuestiones previas, y a partir del 30 de septiembre se procederá a los interrogatorios, que previsiblemente inaugurarán los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
Posteriormente, los días 10, 11 y 13 de octubre desfilarán los testigos, mientras que dos semanas después lo harán los expertos aportados por las partes con el fin de defender las pruebas periciales incorporadas a la causa.