La JUR no se fía ni de sus propias medidas y espera ahora un nuevo informe de Deloitte sobre la resolución de Banco Popular. Se conocerá en el primer trimestre de 2018, cuando Elke Köning, presidenta del organismo, tendrá que dar su versión ante el TJUE.
El nuevo informe de Deloitte tendrá que determinar si los afectados que perdieron su inversión en la noche del 6 al 7 de junio pueden ser compensados, según afirman fuentes europeas a Efe. König y el ministro de Economía, Luis de Guindos, defendieron la resolución, asegurando que se había ajustado a las normativas y leyes tanto españolas como comunitarias. No obstante, el Panel de Apelación de la JUR ya ha dado la razón a uno de los accionistas más importantes y exige que se le entregue el polémico informe provisional de Deloitte, en el que se basó la JUR para liquidar la entidad financiera.
La JUR aseguró que adoptó esta decisión porque Banco Popular estaba en vías de quebrar por falta de liquidez, en una operación que conllevó su venta por un euro al Banco Santander. Todo ello con la pérdida de toda la inversión de los 305.000 accionistas y bonistas de alto riesgo de Banco Popular. Tras esta decisión, ya hay 96 demandas ante los tribunales europeos y otras decenas en España. La JUR, no obstante, aseguró que el informe de Deloitte era provisional, pese a que se exige que sea definitivo.
Ahora, se continúa aplicando el mecanismo de resolución, que consiste en realizar un informe posterior que compruebe que los accionistas y bonistas no recibieron un trato peor con la resolución del que habrían sufrido si se hubiese dejado quebrar la entidad, algo que prohíben las leyes europeas sobre rescates bancarios. No obstante, a tenor de los resultados de Banco Santander, Banco Popular sí aporta valor.
La encargada de realizar este informe es la consultora Deloitte, la misma que elaboró el informe de valoración del Popular sobre el que las instituciones europeas basaron la decisión de resolverlo, y que le atribuía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros. Sin embargo, una de las valoraciones de Deloitte en ese informe, y que la JUR ocultó convenientemente, apunta a un valor positivo de 1.500 millones.
La JUR sí publicará este informe, por lo que muestra así una falta de transparencia sobre cómo se realizó la operación. En caso de que este determine que accionistas y acreedores tuvieron un trato peor que si la entidad hubiese caído, la JUR tendrá que compensarles con fondos del Fondo Único de Resolución (FUR), una «caja» con que cuenta la institución para costear grandes resoluciones europeas y que se nutre de contribuciones de las entidades financieras.
Su resultado es, por tanto, clave para saber si las demandas de los inversores (96 solo ante los tribunales europeos) podrán saldarse con una compensación por las pérdidas sufridas. La confección del informe lleva meses, puesto que se trata de un caso complejo, el primero de la historia de la JUR, y el Popular tiene muchas subsidiarias, entre otros factores, apuntan fuentes europeas.
Deloitte, encargada del informe con el que se tumbó Banco Popular, también hará el que abra o no la puerta a las indemnizaciones.
Algunos de los inversores que han presentado demandas, argumentan que encargar el informe posterior a Deloitte genera un conflicto de intereses dado que esta tiene interés en avalar el informe de valoración que hizo antes de la operación.
Las fuentes europeas explican que en este informe posterior la consultora no realizará un nuevo ejercicio de valoración, sino que analizará qué habría ocurrido con los inversores que sufrieron pérdidas en caso de no haberse producido la resolución, utilizando también una metodología diferente.
El encargo de este informe a Deloitte se produjo antes de la resolución, ya que la consultora ganó el procedimiento de oferta pública -dónde se verificó que no tuviese conflictos de interés con el Banco Popular- en relación con el banco español para elaborar los tres reportes necesarios en el proceso.
La JUR anunció ayer que su panel de apelación le ha pedido que publique parte del informe de valoración de la entidad, como reclaman los afectados, y que está estudiando qué partes no son confidenciales y podrían revelarse sin poner en peligro la estabilidad financiera o los intereses comerciales del banco, que sigue funcionando integrado en el Santander.
Seis meses después de la resolución es posible que los riesgos de vaivenes en el mercado por la publicación hayan disminuido, pero si la JUR no lo considera así, aún podría recurrir la decisión de su propio panel de apelación.