Cientos de afectados por la quiebra del banco luso Banif se manifestaron hoy por primera vez a nivel nacional para pedir al español Banco Santander que se haga cargo de la devolución de los ahorros perdidos y solicitar la intervención del Gobierno portugués.
La manifestación, que acabó frente a la sede de la filial del Santander, el Totta, en Lisboa, fue convocada por la Asociación de Afectados del Banif, que representa a 3.500 clientes que perdieron un total de 263 millones de euros en ahorros depositados en «obligaciones subordinadas» del banco.
Con la resolución del Banif y la venta de sus activos saludables al español Banco Santander, las obligaciones subordinadas de estos clientes quedaron englobadas en la parte «tóxica», que mantiene el nombre original de la entidad.
Ahora, los afectados piden al Santander Totta que se haga cargo de sus ahorros perdidos.
Daniel Caires, miembro de la asociación, declaró a EFE que no dejarán las protestas hasta que consigan hablar con «los que mandan en el banco en España» para que paguen los ahorros perdidos por miles de familias portuguesas.
«Esto no es una inversión loca, es una inversión segura (…) La gente puso su dinero ahí y le dijeron que era 100 % seguro. Es su dinero de una vida. Y la gente que tiene 60, 70 u 80 años ya no tiene cómo trabajar, no tiene ahorros», defendió.
Los manifestantes siguieron un recorrido por el centro de la capital que terminaba en las instalaciones del Santander Totta, con carteles y mensajes como «Queremos nuestros ahorros» o «De qué sirve ahorrar, si es mejor robar».
La Asociación fue creada hace seis meses tras convocarse varias manifestaciones espontáneas por los afectados, sobre todo en las regiones autónomas de Madeira y Azores, que acumulaban la mayor parte de los clientes del Banif antes de que fuera vendido al Santander Totta.
El Banif era el más pequeño de los principales bancos lusos y fue vendido a finales de diciembre al Banco Santander por 150 millones de euros.
La solución apuntada incluye dividir sus activos en tres: la parte saludable, que fue a parar a la entidad española; la problemática o tóxica, que pasó a un vehículo de gestión creado para tal fin; y el pequeño porcentaje restante, que se mantiene bajo el mismo nombre y será vendido.
La operación supone un coste para el erario público próximo a los 3.000 millones de euros.
La venta del Banif estuvo marcada por la urgencia, ya que el 1 de enero entraba en vigor un cambio normativo a nivel europeo que obligaba a accionistas, acreedores y ahorradores con depósitos superiores a 100.000 euros a responder en caso de quiebra.
